Expertos sugieren prudencia al evaluar flexibilizar las sanciones a Venezuela

La posibilidad que Estados Unidos flexibilice por razones humanitarias las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro debe ser evaluada con prudencia.

En el más reciente policy brief elaborado por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Venezuela promovido por el Atlantic Council se evalúan las propuestas de programas humanitarios financiados con petróleo para Venezuela que compiten entre sí, y se establecen una serie de recomendaciones generales.

“Las sanciones son sencillas de imponer, pero muy complicadas de levantar”. La frase corresponde al ex procurador general especial del Gobierno Encargado José Ignacio Hernández y resume a la perfección la complejidad del tema.

En el policy brief del Atlantic Council elaborado, entre otros, por Hernández, Francisco Monaldi del Instituto Baker, y Patricia Ventura del IPD se explica que se requiere “un acuerdo político entre las fuerzas democráticas venezolanas y la administración de Maduro para cualquier marco humanitario financiado con petróleo (…) Si bien actualmente están suspendidas, las negociaciones con la mediación de Noruega ofrecen un espacio único de creación de consenso para lograr dicho acuerdo.

Para los especialistas resulta indispensable que se hagan públicos “el marco humanitario, incluidos sus detalles específicos sobre el diseño de la estructura de gobierno, los mecanismos de transparencia y los roles de los actores participantes” de un eventual acuerdo para apoyar al pueblo venezolano.

Se requiere un acuerdo político entre las fuerzas democráticas venezolanas y la administración de Maduro para cualquier marco humanitario financiado con petróleo 

Adicionalmente se indica que cualquier “marco humanitario financiado con petróleo para Venezuela debe enmarcarse en los principios humanitarios internacionalmente reconocidos. El programa buscaría financiar la ayuda humanitaria con recursos petroleros, como parte del alivio que requiere la compleja emergencia humanitaria de Venezuela. Las

principales áreas de atención para la ayuda inmediata deben ser el suministro de agua, así como la generación y transmisión de energía (…) Como resultado, todas las transacciones del programa, desde las ventas de petróleo hasta la distribución de ayuda humanitaria, deben cumplir con los principios humanitarios generales, como la neutralidad, la imparcialidad y la independencia”.

Por otra parte, advierten que inicialmente un programa humanitario “no debe tener como objetivo abordar los desafíos estructurales en la industria petrolera de Venezuela o la

economía en general, ni facilitar acuerdos público-privados con la administración de Maduro (…) Esto no significa, sin embargo, que los programas futuros no puedan tener un enfoque más amplio que ayude a reconstruir sectores clave de la economía venezolana”.

Por otra parte, los expertos del grupo de trabajo del Atlantic Council desaconsejan implementar en Venezuela el programa de Naciones Unidas “Petróleo por Comida” que se ejecutó en Irak.

Entre las razones se explica que el programa “dependía demasiado del gobierno de Irak, que tenía incentivos para aumentar el apoyo político mediante la distribución de ganancias económicas a través del desvío ilícito de recursos (…) Los mecanismos de supervisión ejecutados por la ONU carecían de capacidad de hacer cumplir las conductas oportunistas e ilícitas del gobierno iraquí. Como resultado, la capacidad de rendición de cuentas del programa fue defectuosa, incluso cuando el MOU estableció instituciones de supervisión sofisticadas en papel”.

Un programa humanitario “no debe tener como objetivo abordar los desafíos estructurales en la industria petrolera de Venezuela o la economía en general, ni facilitar acuerdos público-privados con la administración de Maduro

Además, se advierte que “las tareas que asumió la ONU superaron sus capacidades institucionales y revelaron prácticas de adquisición inconsistentes. La experiencia de Irak demostró que la intervención humanitaria de las organizaciones internacionales podría fallar debido a la limitada capacidad de supervisión y ejecución de esas organizaciones (…) El programa fue concebido como un alivio temporal, pero duró casi ocho años. Este cronograma demasiado extenso para un programa diseñado con horizontes de tiempo más cortos provocó mayores desafíos de gobernabilidad, el debilitamiento gradual de los mecanismos de supervisión del programa y sobornos”.

EL grupo también desaconsejó la implementación de la propuesta presentada por la organización Petróleo para Venezuela, liderada por el economista Francisco Rodríguez, que presentó una propuesta para crear un programa de importación de petróleo por ayuda humanitaria.

En el informe se explica que “uno de los objetivos declarados de Petróleo para Venezuela es agilizar el mecanismo utilizado en Irak para protegerse contra la burocracia excesiva y los retrasos en la implementación y, al mismo tiempo, reducir la corrupción”.

Sin embargo, para los expertos la propuesta “requeriría la creación de una estructura institucional compleja para manejar un gran programa que pueda tener un impacto a nivel nacional y atender las necesidades humanitarias de las poblaciones más vulnerables de

Venezuela. Rodríguez argumenta convincentemente que, sin una junta administrativa con frenos y contrapesos —como el que él propone—, el programa podría verse socavado por prácticas de corrupción como las que se observaron en el caso iraquí”.

En relación a estos comentarios, el economista Francisco Rodríguez sostiene que el informe del Atlantic Council “es encomiable en muchos sentidos. La revisión de experiencias pasadas es minuciosa, su análisis de las propuestas actuales brinda información importante y comparto muchas de sus recomendaciones generales. Sin embargo, me temo que en su esencia se encuentra una recomendación que es fatalmente defectuosa. De hecho, creo que, si los formuladores de políticas siguen algunas de las recomendaciones centrales del informe, corren el riesgo de crear un programa que no contribuirá a abordar de manera efectiva la emergencia humanitaria de Venezuela e incluso podría terminar dirigiendo fondos adicionales sin supervisión a manos del gobierno de Maduro”.

Me temo que en su esencia se encuentra una recomendación que es fatalmente defectuosa. Si los formuladores de políticas siguen algunas de las recomendaciones centrales del informe, corren el riesgo de crear un programa que no contribuirá a abordar de manera efectiva la emergencia humanitaria

Rodríguez advierte que se necesita “un debate y una discusión cuidadosos de estos temas antes de que las autoridades estadounidenses adopten algunas recomendaciones que podrían tener graves consecuencias adversas (…) El problema clave del informe del Atlantic Council, en mi opinión, radica en su recomendación explícita contra la creación de una estructura de gobierno con plena autoridad sobre la generación y el uso de los recursos creados bajo el programa. En nuestro informe de 2019 “ Un Acuerdo Petrolero Humanitario para Venezuela”, recomendamos que cualquier programa de intercambio de petróleo por bienes esenciales debería estar a cargo de una Junta Administradora nacida de un acuerdo político que tendría la autoridad para supervisar la venta de petróleo, la adquisición de bienes en el mercado internacional y la distribución de estos bienes entre los venezolanos. La razón era sencilla. Si no hubiera sanciones, todas estas funciones serían realizadas por el gobierno venezolano (o por actores del mercado sujetos al control regulatorio venezolano).

Evitar la inacción
En las conclusiones del policy brief del Atlantic Council se indica que “al entrar en 2022, Venezuela se encuentra en una encrucijada crucial. Si bien se ha renovado el mandato del gobierno interino, las fracturas de la oposición son evidentes, el gobierno de Maduro sigue atrincherado y la crisis humanitaria del país se prolonga sin un final a la vista”.

Para los integrantes del grupo de trabajo sobre Venezuela “es particularmente urgente que la comunidad internacional aproveche los recursos legales, financieros y diplomáticos a su disposición para brindar alivio a los venezolanos más vulnerables. Si bien las recomendaciones de política de nuestra publicación no pretenden ser completamente exhaustivos, en conjunto, presentan posibles vías para diseñar, desarrollar y ejecutar un marco de ayuda humanitaria listo para usar que coloca las necesidades del pueblo venezolano en primer lugar. Pero, para ello, los actores políticos de Venezuela y Estados Unidos deben fomentar las condiciones de confianza, construcción de consenso y unidad entre los diversos actores, que puedan abrir caminos para acuerdos humanitarios sostenibles y transparentes”.

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