La misión norteamericana en Caracas: algo más que petróleo

Leonardo Vera / Informe CarpeDiem
El encuentro que tomó lugar el sábado 5 de marzo en Miraflores entre la misión estadounidense encabezada por el asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, y Nicolás Maduro, constituye un hito significativo en las relaciones Venezuela-EE.UU. Ciertamente la visita fue la primera de un funcionario de la Casa Blanca a Venezuela desde la inauguración de Hugo Chávez a fines de los 90. Sin embargo, sobredimensionar entre los tópicos abordados la importancia que pudieran haber tenido los aspectos energéticos, puede no ayudar a comprender otros aspectos de índole geo-estratégico y político, sobre los cuales el gobierno de los EE.UU. pudiera tomar provecho en su relación con Venezuela en las presentes circunstancias. 

Ciertamente, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Jen Psaki, señaló a los medios que el suministro de energía desde Venezuela hacia los EE.UU. estuvo sobre la mesa (mientras Washington busca formas de reducir sus importaciones de petróleo ruso), pero a nuestro entender cualquier oferta desde el gobierno de los EE.UU. en materia petrolera debe verse como un instrumento para empujar a Maduro hacia un escenario más firme de negociación con la oposición, que como un objetivo de corto plazo para salirle al paso a las disrupciones que pueden generar las prohibiciones de importar crudo y derivados desde Rusia.

El mismo Juan González fue quien afirmó que el interés por el petróleo venezolano no fue el motivo principal del encuentro y más bien se encargó de reiterar que la mesa de negociación en México, que se mantiene congelada, es la única opción que existe para resolver la crisis política en Venezuela. Así que hoy parece claro que el gobierno de Biden es el primero en instar y abogar para un regreso a la mesa de diálogo.

¿Cuál es la ventaja que parece percibir Maduro en estas conversaciones con los emisarios del gobierno de Biden? Como señalamos en nuestro reporte pasado, si bien el alza significativa en los precios del crudo (como consecuencia del conflicto en Ucrania) representa un potencial beneficio en materia de ingresos externos para PDVSA, toda la trama de sanciones a Rusia y las reacciones del gobierno ruso prohibiendo las transferencias de recursos al exterior de los no residentes, complica no solamente la colocación y el cobro de ese crudo (cuyos pagos se mueven a través de la banca rusa) sino además la movilización de los recursos.

 Así que en el gobierno de Maduro hay preocupaciones por las cobranzas y por los recursos que puedan quedarse allí congelados. De hecho su reacción ante estos acontecimientos que afectan el sistema financiero ruso ha sido solicitar a la administración de Vladimir Putin que descongele los ingresos petroleros en varios bancos rusos incluidos en la lista negra de Estados Unidos, especialmente el Promsvyazbank (PSB), donde PDVSA y el Ministerio de Defensa tienen cuentas bancarias.

La administración de Biden sabe de estos apuros y reconoce que el momento es propicio para hacer un acercamiento donde haya la posibilidad de conversar sobre la reanudación de ciertas relaciones comerciales, la detención de ciudadanos norteamericanos y las sanciones. Pero en el fondo también sabe que, por su propia seguridad, es tiempo de reordenar la relación con los aliados de Rusia en la región y de propiciar con más determinación y en el caso de Venezuela, la reconstrucción del camino democrático.

La reacción de Maduro a estos acercamientos ha sido inmediata. Al cabo de unos días dos estadounidenses, incluido uno de los seis ex directivos de Citgo, fueron liberados de la cárcel en Venezuela: Gustavo Cárdenas, ex vicepresidente de Relaciones Estratégicas de Citgo en Estados Unidos, quien había sido arrestado en 2017 en Caracas, y el cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, también detenido a principios de 2021 en el estado Táchira (fronterizo con Colombia), bajo la acusación de “terrorismo”, según la ONG Coalición por los DDHH y la Democracia, “simplemente por llevar consigo un dron”. En las cárceles venezolanas aún quedan cuatro empleados estadounidenses de Citgo y otro con residencia permanente, así como tres ex marines.  

Maduro ha tratado además de transformar la reunión en un triunfo y días después salió al ruedo señalando que la meta de producción petrolera de Venezuela para este año se ha fijado en 2 millones de barriles diarios, lo que supondría un incremento del 164.9% en comparación con el bombeo de inicios de año, de 755,000 barriles (según reportes de las autoridades venezolanas a la OPEP).  

A decir verdad, para llegar a esa meta la industria de los hidrocarburos en Venezuela necesitaría, en el mejor de los escenarios, de 4 o 5 años. Más aún, los expertos petroleros coinciden que con una industria que apenas se recupera de años de mala gestión y regulación, abandono, corrupción y sanciones, la posibilidad de que Venezuela pueda suplir la demanda estadounidense de petróleo ruso es inviable, al menos en lo inmediato.  

¿Qué es lo más que puede conseguir Maduro y hasta dónde puede llegar una oferta de los EE.UU.? Por una parte, parece claro que sin señales firmes de querer recomponer el camino de la negociación con la oposición y materializar unos mínimos acuerdos y garantías democráticas es poco lo que Maduro puede conseguir. La administración de Biden parece consciente que dar concesiones a Maduro en materia de sanciones sin obtener a cambio retornos significativos, tiene un alto costo político interno. 

De hecho las reacciones a la reunión de delegación de altos funcionarios con Maduro no se hicieron esperar y un grupo de senadores republicanos, liderados por el legislador Marco Rubio (Florida), presentaron un proyecto de ley con el que buscan prohibir las importaciones de petróleo y sus derivados, así como gas natural licuado, desde Venezuela e Irán a EE.UU. La iniciativa fue bautizada como ‘Ley de prevención del apaciguamiento equivocado y el financiamiento de regímenes desestabilizadores’ y fue presentada, además de Rubio, por Dan Sullivan, Steve Daines, Kevin Cramer, Roger Marshall, Thom Tillis, John Hoeven, Rick Scott y James Lankford.

Así que dadas las circunstancias la mejor jugada y entrega que pudiera hacer el gobierno norteamericano es quizás renovar la licencia de Chevrón expandiendo sus capacidades para operar y comercializar crudo. Se trata después de todo de una empresa norteamericana a la que se le daría más accionar en un contexto petrolero internacional que se hace crítico y cada vez más incierto por el lado de la oferta.

Más difícil resulta concebir la flexibilización de las sanciones financieras permitiendo, por ejemplo, acceso y canales para procesar pagos interbancarios, inversiones, transferencias y otros servicios financieros. Es muy probable que la administración de Biden requiera compromisos muy firmes con el dialogo por parte del gobierno de Maduro, un terreno donde no existe ninguna garantía.

Donde las probabilidades aún son bajas es en el levantamiento o incluso relajamiento de las sanciones petroleras. Es prematuro adelantar escenarios optimistas al respecto y en ese sentido el encuentro del 5 de marzo debe verse como un primer acercamiento que requiere desarrollo. 

Artículos destacados

Para el debate