¿Se perderán los activos en el exterior tras la eliminación del interinato?

Leonardo Vera / Informe Carpe Diem

Con 78 votos a favor, 25 en contra y ocho abstenciones, los diputados  de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 –que funciona en condiciones de semiclandestinidad- aprobó  la reforma del llamado Estatuto de Transición a la Democracia.
Como se ha señalado en el reporte, la decisión trae consigo el cese de funciones de Juan Guaidó, y deja sin efecto la existencia y fines de la denominada “presidencia interina”, instancia creada por el Parlamento en funciones en 2019 tras rechazar las elecciones presidenciales que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude.

Algunos juristas y el mismo Guaidó han señalado en los últimos días que la eliminación del interinato supone el grave peligro de perder los activos de la República en el exterior, ya sea porque pueden pasar a manos del Gobierno de Maduro o a manos de algunos de los múltiples acreedores de la República y de PDVSA. Desde ésta perspectiva, el riesgo existe por el hecho de que la protección de los activos de Venezuela en el exterior está vinculada al reconocimiento de Juan Guaidó como líder legítimo del país por parte de países como Estados Unidos y Reino Unido

Estos activos internacionales están representados primeramente por CITGO (un complejo refinador de crudo y comercializador de productos derivados del petróleo) y por las 30 toneladas de oro mantenidas como depósitos por el Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Pero en segundo término por un conjunto de cuentas de mayor liquidez bloqueadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, o protegidas en bancos en Europa y en las islas del Caribe, cuyo monto total no se conoce con exactitud.

Presumiblemente es de estas cuentas más líquidas desde donde provendrían los US$ 3.200 millones que tanto los representantes de la Plataforma Unitaria como los del gobierno de Maduro han acordado disponer en un fondo especial para palear la crisis humanitaria.

Pero tomada la decisión de remover el gobierno interino, ¿cuál es el riesgo real de que los activos protegidos, queden en manos del gobierno de Maduro o los acreedores de Venezuela?

Aquí hay que mencionar al menos tres elementos de juicio importantes para comprender que el riesgo ha sido exagerado. En primer lugar, vale señalar que la misma AN de 2015 acaba de aprobar una reforma del “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia” donde se crea un Consejo de Administración y Protección de Activos, integrado por cinco (5) miembros, entre los cuales se nombrará un coordinador. Este consejo tendrá entre sus atribuciones la administración de los recursos según lo que procede de acuerdo a esa ley. En consecuencia, hay una titularidad que puede ser perfectamente reconocida por aquellos que (por el momento) custodian esos activos.

En segundo término, no parece haber una disposición clara y concreta ni en el gobierno de EE.UU. ni del Reino Unido de reconocer al gobierno de Maduro la titularidad de esos recursos, en tanto que los motivos fundamentales para su no reconocimiento siguen presentes (el menoscabo de las garantías democráticas y de los derechos humanos). Son las decisiones políticas de estos dos gobiernos lo que en definitiva marcan la pauta sobre el destino de los activos, en tanto que bajo su jurisdicción reposan la mayor parte de los activos de Venezuela.

Un trabajo publicado por el Washigton Post hace apenas unos días atrás hace referencia justamente a un senior official del gobierno de Biden quien bajo condición de anonimato señala que: “If they change their name or whatever, we’ll still call them the interim government, for the purpose of promoting talks with Maduro’s government, and keeping sanctions in place as a means of leveraging negotiations over new elections”.

Parece entonces evidente que el traspaso de los activos es más una potestad política de los gobiernos y mientras exista la posibilidad de desarrollar negociaciones como las llevadas a cabo en México, la entrega sin condicionamientos o garantías de los activos de la nación al gobierno de Maduro o a los acreedores luce lejana.

Por último, vale decir que, en el contexto de la crisis social y humanitaria compleja el Acuerdo número 2 de las negociaciones desarrolladas en México vislumbra un mecanismo internacional para que la oposición y el chavismo busquen una salida conjunta al problema de los activos. El acuerdo señala “las partes han acordado hacer todas las gestiones ante la instituciones nacionales y extranjeras públicas o privadas que correspondan, para obtener los fondos legítimos de la Republica…” Es decir, las partes han decido actuar conjuntamente en ésta materia. Así que en la medida que la Plataforma Unitaria contribuya a fortalecer las negociaciones en México, estarán consolidando una fórmula que garantiza un mejor uso de los activos de la nación.

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