¿Qué ocurre con los rectores del CNE?

La actual directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) es producto del acuerdo político de 2021 que se logró entre factores de la sociedad civil, integrantes del llamado G4 y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

El acuerdo para designar al actual CNE permitió -caso de la elección en el estado Barinas al margen- dar estabilidad institucional y facilitó, entre otros temas, la presencia de una Misión de Observación de la Unión Europea en 2021 y del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Incluso, el proceso para conformar este CNE, organismo al que le corresponde organizar las elecciones presidenciales del 2024 y las elecciones parlamentarias, regionales y locales de 2025 fue reseñado positivamente en el informe final de la Misión de Observación de la UE.

En el referido texto se indica: “el actual consejo directivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido descrito con frecuencia por interlocutores de la MOE UE y comentaristas políticos como el más equilibrado de los últimos 20 años. Los interlocutores de la MOE UE lo consideraron la medida más importante para recuperar la confianza en el CNE después de que los partidos de oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores desde 2015.

Si bien los tres rectores cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, el Consejo logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno, y los dos rectores vinculados a la oposición y a la sociedad civil no ocultaron sus votos disidentes en temas en los que no se pudo llegar a un consenso, como la inhabilitación o renuncia de candidatos”.

Sin embargo, el acuerdo que permitió la escogencia de un nuevo CNE tiene sus detractores, tanto dentro de la coalición gobernante, como dentro de los sectores que integran al llamado G4 y que no participaron del acuerdo político de 2021.

El eventual proceso para designar nuevos miembros del organismo comicial fue anunciado el pasado 9 de enero por el presidente del Legislativo electo en 2020, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, a pesar de que el cambio de los rectores designados en 2021 no tiene ningún tipo de justificación legal o constitucional. Los rectores postulados por la sociedad civil deben mantenerse hasta 2028, y los postulados por el Poder Moral, al menos, hasta mediados de 2025.

La posibilidad de que esto ocurra de la manera en la que lo plantea el presidente del Poder Legislativo oficialista iría en contra de lo previsto en el artículo 296 de la Carta Magna, la cual señala claramente que “los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones”. Es decir, que a los actuales miembros del organismo todavía les resta más de un lustro de su actual período.

Aunque la Ley del Poder Electoral (LOPE) en su artículo 31, prevé la potestad de la Asamblea Nacional que por mayoría de 2/3 partes remueva de sus cargos a alguno de los rectores, esto debe ser algo excepcional y es distinto a “la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”, que es lo planteado por el presidente del Parlamento. En ese sentido, el artículo 32 establece que esto puede ocurrir únicamente por cuatro supuestos, que se indican a continuación:

1. Quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política.
2. Adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos
3. Recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia.
4. Haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría General de la República”.

Aunque no existe ninguna justificación legal o constitucional para cambiar a los actuales rectores del CNE sí existen intereses políticos-electores en que esto ocurra. El primer interesado en cambiar a los rectores del CNE es el madurismo, y en ese barco aspiran a montarse algunos opositores

¿Por qué al madurismo le interesa cambiar al CNE? Los rectores -cercanos al gobierno- no tienen el perfil político y comunicacional que se requiere para 2024, especialmente después que la rectora Tania D`Amelio, fue promovida del CNE y ahora integra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

El jefe del grupo negociador de la oposición en México Gerardo Blyde ha indicado que el cambio del CNE no ha sido planteado en México. Incluso, sostiene que la Plataforma Unitaria respalda la continuidad del actual CNE. Sin embargo, en el momento en que la oposición plantee en México nuevas condiciones electorales y políticas para la presidencial de 2024, el madurismo pudiese presentar la propuesta de modificar al organismo, para dar entrada a grupos opositores que no forman parte de la Plataforma Unitaria.

Por otra parte, un hipotético cambio del CNE puede servir a la estrategia de los grupos políticos y académicos de la oposición que aspiran a que las primarias se realicen sin la asistencia del CNE. “¿Cómo pedir o aceptar la asistencia del CNE si lo van a cambiar?”. Esta es la tesis principal de Juan Guaidó y de los partidos que lo respaldan.

Al igual que el resto de las garantías para 2024, la composición del CNE pasa por los acuerdos de México.

Sin embargo, no puede descartarse que ante la necesidad de tener un CNE “espantavotos” el madurismo puede actuar unilateralmente y generar una crisis en el organismo haciendo renunciar a los rectores principales y suplentes afines a la linea oficial. La renuncia de los rectores principales Pedro Calzadilla y Alexis Corredor -junto a sus suplentes- provocaría que el CNE no pudiese seguir sesionando. Ante este escenario, se justificaría la intervención de la AN o el TSJ para designar nuevos rectores.

México: paralizado por el madurismo

El pasado 26 de noviembre de 2022 la Plataforma Unitaria y la administración de Nicolás Maduro suscribieron un ambicioso acuerdo social con el objetivo de atender la expresión más urgente de la crisis humanitaria compleja: pobreza extrema, desnutrición infantil, falta de acceso a vacunas y salud, crisis eléctrica y ruina de la infraestructura educativa.

El acuerdo define las áreas de atención prioritaria en materia social (alimentación, salud, educación y electricidad). Para atender estas áreas, en el mismo acto se creó la Mesa Nacional de Atención Social (encargada de la concreción de programas de protección social), el Grupo Especial de Atención del Sobrecumplimiento (para identificar y resolver los casos de sobrecumplimiento de sanciones que impiden el acceso a recursos del Estado) y una Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos. Además, acordaron crear un Fondo para la Protección Social del Pueblo, con apoyo de la ONU.

En un comunicado emitido el mismo día de la firma del acuerdo, las partes informan que “acordaron continuar el proceso para acordar los asuntos políticos de la agenda establecida en el Memorando de Entendimiento durante el mes de diciembre”. Esos asuntos políticos, de acuerdo a la agenda acordada en agosto de 2021 son “derechos políticos para todos” y “garantías electorales para todos; cronograma electoral para elecciones

Artículos destacados

Para el debate