Eliminado el interinato de Guaidó: ¿Qué viene ahora?

¿Qué se debe esperar ahora que se acordó eliminar el gobierno interino de Juan Guaidó?.

Esta pregunta no se respondió cabalmente en el debate del parlamento celebrado el pasado 30 de diciembre de 2022, especialmente porque los voceros de los dos principales bloques solo lograron proferir amenazas a sus contrarios.

Tanto Freddy Guevara (sobre quién recayó la defensa del interinato) como Juan Miguel Matheus (sobre quien recayó la defensa de la eliminación) se centraron en asegurar que los aliados internacionales le daban  la razón.

El primer tema que debe resolverse antes del 5 de enero es si la mayoría del parlamento ratifica a la directiva de Juan Guaidó por un año más, o será designada una nueva directiva (presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente)

Sobre este punto, ningún diputado informó concretamente cuando se realizará esta votación, aunque debe ocurrir antes del 5 de enero de 2023.

Hasta la fecha la mayoría de las fuerzas políticas se debaten por designar a una nueva directiva. Aún no existe acuerdo sobre si es necesario volver a un esquema de presidencia rotativa entre 2023, 2024 y 2025.

Un segundo tema que debe resolverse a la brevedad es la designación de los cinco integrantes (no pueden ser diputados) del Consejo de Administración y Protección de Activos. Con esta designación es que se podrá concluir si la movida de PD, AD, UNT y MPV podrá mejorar la transparencia de la que adoleció el interinato.

No obstante, desde la perspectiva de los diputados de Primero Justicia no es necesario designar a estos integrantes, bastará con ratificar en sus cargos a los integrantes de la comisión de control del gasto que dirige Francisco Plaz.

Tanto Guaidó como Voluntad Popular aseguran que la decisión de eliminar la presidencia interina ocasiona los siguientes problemas:

  • Renuncia a invocar los artículos constitucionales 233 y 333 y pérdida de la vigencia de las normas y acuerdos aprobados por la AN-2015 con base en esos artículos.
  • Pérdida de vigencia de todos los entes creados por el gobierno encargado desde 2019, incluyendo las juntas ad hoc de Pdvsa y PDV Holding. En esta advertencia se incluye a la directiva de Citgo.
  • Eliminar el reconocimiento de la representación del gobierno encargado ante cortes y tribunales extranjeros donde se disputa la protección de activos.
  • Fin de la titularidad reconocida al gobierno encargado sobre activos específicos como el oro en Londres.
  • Suspensión definitiva del pago a funcionarios del gobierno encargado.

 

Esperando por los aliados
El tercer tema pendiente es la reacción de los gobiernos en donde se encuentran los principales activos congelados: EEUU, Portugal e Inglaterra.
En el caso de Estados Unidos es necesario esperar el pronunciamiento del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de EEUU.

Si los partidos AD, PJ, UNT y MPV realmente estaban apoyados por la administración Biden entonces el Departamento del Tesoro deberán anunciar que certifica a los representantes de la Asamblea Nacional para el manejo de las cuentas de la República.

En caso que esta certificación no ocurra, entonces las advertencias de Freddy Guevara y el bloque de Voluntad Popular cobrarán mayor sentido.

Adicionalmente es necesario recordar que para poder movilizar los activos en EEUU se necesitan tres condiciones:

  • Los activos no deben estar congelados.
  • Quién los va a movilizar los activos debe estar autorizado por el Departamento del Tesoro.
  • Debe aclararse si se trata de recursos de PDVSA o del BCV

Para verificar si los argumentos del diputado Juan Manuel Matheus son correctos los gobiernos de EEUU, Portugal e Inglaterra deben tomar la decisión de reconocer a la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2024 como interlocutor del Estado venezolano. Si no lo hacen, habrá tenido razón Voluntad Popular.

En otras palabras, la posibilidad que los integrantes de la Asamblea Nacional de 2015 (en ausencia de la presidencia interina de Juan Guaidó) sean reconocidos como representantes del Estado venezolano depende de la voluntad de EEUU, Portugal, Inglaterra, etc.

Otro tema que debe precisarse es si serán designados nuevos integrantes para las directivas adhoc de PDVSA y BVC. Al nombrarse una nueva directiva de PDVSA adhoc es evidente que los acreedores impugnarán la capacidad de esta nueva directiva porque no fue nombrada por el estado venezolano (acá entra en juego la importancia del reconocimiento a la Asamblea Nacional.

A efectos legales y prácticos la Asamblea Nacional y los integrantes de la Comisión de Control del Gasto deberán convencer a los cortes -especialmente en EEUU e Inglaterra-que la nueva estructura de poder del interinato en Venezuela, es un gobierno que tiene facultad para nombrar a la directiva de PDVSA.

De hecho, puede ocurrir que si no se reconoce esta nueva estructuralas cortes solo reconozcan (no a Maduro) sino a las personas o instancias que fueron designadas antes de la eliminación del interinato de Juan Guaidó.

53 millones de dólares
La disolución del gobierno interino de Juan Guaidó no implica que desaparecerá el uso de la partida de defensa de la democracia. Según la Ley del Fondo para la liberación (aprobada el 30 de diciembre de 2021) se mantendrá el financiamiento al funcionamiento de la Asamblea Nacional, litigios pendientes, pago a diputados, etc. El presupuesto aprobado es de 53 millones de dólares.

Los diputados consultados no saben precisar si se trata de una reconducción por recursos no ejecutados en los años previos o de un nuevo presupuesto.

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