Mantener o relajar sanciones al gobierno de Maduro es el nuevo desencuentro en Venezuela

Eugenio G. Martínez 

En Venezuela existe consenso entre los principales liderazgos opositores en que cualquier cambio político, requiere de una ruta institucional y electoral que se pacte en una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, el consenso se rompe cuando se evalúan las distintas estrategias para lograr que el sector reformista del gobierno venezolano esté dispuesto a negociar. En este dilema, los factores políticos se polarizan entre la opción de mantener e incluso aumentar las sanciones al país apostando que la precarización forzara a la coalición dominante a abandonar el poder y quienes consideran que es necesario flexibilizarlas para lograr que el chavismo se vuelva a sentar en la mesa de negociación y en paralelo se pueda atender la situación humanitaria.
Michael Penfold, profesor de políticas públicas y planificación estratégica y Fellow del Wilson Center en Washington DC sostiene que “flexibilizar sanciones quiere decir que, así como se relajan se pueden cerrar. Si las sanciones no son utilizadas como incentivos sino como castigo permanente (nunca se quitan) solo producen más de lo mismo y con más cohesión del régimen y una oposición cada vez más debilitada”.
Penfold es uno de los 25 académicos e integrantes de la sociedad civil venezolano que enviaron una carta pública al presidente Joe Biden solicitando flexibilizar las sanciones al país.
Según Penfold “afirmar que hay que remover sanciones sólo cuando se haya alcanzado el objetivo principal (sin evaluaciones) es usarlas simplemente como un fin en sí mismo; una posición cuestionable para quien defienda semejante postura. El objetivo es restablecer la Constitución (…) EEUU juega un papel privilegiado en la resolución del conflicto político venezolano. Al mostrar interés por estar más involucrado -como se reflejó en la reciente visita de una delegación- es mejor para el país y nunca podría ser peor. Las sanciones no sustituyen a la diplomacia”.
La visión de Penfold no la comparte el abogado constitucionalista Fernando Fernández. Aunque sostiene que apoya la eliminación de las sanciones, precisa que una decisión de esta naturaleza “debe estar precedido y acompañado de la erradicación de los hechos que las causaron: el narcotráfico, la Gran Corrupción, los planes de la patria, la legislación, las políticas y las malas prácticas”.
Según Fernández “la campaña en contra de las sanciones tiene fallas en la metodología usada en el análisis de las causas de la emergencia humanitaria: no incluyen factores básicos como la Gran Corrupción, el desvió de recursos, la mala administración, las políticas anti empresariales y a la reducción al mínimo del empleo, entre mucha otras. El problema de Venezuela no son las sanciones internacionales de más de 40 países a personas naturales y jurídicas, sino las raíces de la emergencia humanitaria”.

El economista Francisco Rodríguez -otro de los 25 firmantes de la carta que pide flexibilizar sanciones- sostiene que el objetivo de una carta abierta “es propiciar el debate y la discusión. Este debate es necesario. La estrategia actual no ha funcionado y corre el grave riesgo de dejar a nuestra nación sumida en el peor de los mundos, bajo un gobierno autoritario y con una economía aislada (…) No objetamos las sanciones personales contra quienes han destruido nuestra democracia. Llamamos a reconsiderar las sanciones económicas que limitan la capacidad de nuestro país de generar los ingresos por exportaciones necesarios para el funcionamiento de nuestra economía.

Según Rodríguez “nadie en su sano juicio ha dicho que las sanciones son responsables de la crisis. Lo que decimos es que la han exacerbado, y que son un impedimento a la recuperación del país. Para eso fueron diseñadas, con la idea de propiciar un cambio político que no llegó.

Para Rodríguez “negar o ignorar que las sanciones hacen daño a la economía y por tanto a los venezolanos no va a hacer que su efecto desaparezca. Lo que logrará es profundizar la desconexión entre el liderazgo opositor y los venezolanos y exacerbar la crisis de representatividad (…) La exhortación contenida en nuestra carta es a la búsqueda de mecanismos humanitarios que permitan que los ingresos petroleros se usen bajo supervisión internacional para atender las necesidades urgentes de los venezolanos”.

El director de la ONG Provea Marino Alvarado (que se encarga de documentar los casos de violaciones a DDHH y presos políticos en Venezuela) explicó a través de sus perfiles en las redes sociales que considera que toda negociación “para salir de la crisis en Venezuela y rescatar la democracia debe partir de varios aspectos. Estamos en dictadura. Por lo tanto, la negociación no debe ser para reforzar la dictadura sino para que rescatemos la democracia (…) Segundo, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Los responsables no deben gozar de impunidad. La negociación no debe dar la espalda a las víctimas y sus exigencias de justicia. El trabajo de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y de la Corte Penal Internacional debe conducir a establecer responsabilidades de autores materiales y cadenas de mando. Cualquier negociación no debe debilitar el accionar de esas dos instancias”.

Sin embargo, para Eglée González Lobatto, Directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela “por duro que suene, la crisis social no puede desplazar la democratización del país para poner fin a la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. En otras palabras, las acciones de la sociedad civil deben presionar para el retorno a una real negociación por un cambio político progresivo”.

Una visión que completa el economista y socio director de la firma de análisis económico Asdrúbal Oliveros. “Antes de hablar de sanciones, hay que abordar problema base: el político -explica Oliveros- Por un lado, un gobierno aferrado al poder que aprendió a sobreponerse a las sanciones y por otro, una oposición con serios problemas, sin estrategia clara y dividida. En el medio, un país estancado en el foso”.

“Venezuela se arregló”

En el medio de la disputa de la oposición sobre las sanciones, se encuentra el trabajo de propaganda del gobierno de Maduro. Según el más reciente estudio trimestral de la firma Consultores 21 -citado en el informe de coyuntura de la firma Carpe Diem- “la propaganda oficial sigue calando en los ciudadanos, que ante el monopolio informativo cada día tienen menos opciones para obtener narrativas que contrasten con los mensajes oficiales”.
En el informe de Carpe Diem se puede leer: “Al culminar el primer trimestre del año 2021 hasta 26% de los ciudadanos consideraba que la existencia de “bodegones” y tiendas con productos importados era una demostración que la economía venezolana está mejorando (…) al culminar el primer trimestre del año 2022 esta percepción la tienen un tercio de los ciudadanos”.
Según este informe “resultados similares se obtienen cuando se consulta a los ciudadanos sobre la desaceleración de la inflación. Hace un año 28% considera que la hiperinflación se estaba acabando por los precios “ya no suben tan rápidamente”. Al culminar el primer trimestre del año 2022 esta percepción la tienen 32% de los ciudadanos, de hecho 40% está de acuerdo en que la economía “se está recuperando”.
Paradójicamente 81% de los encuestados están de acuerdo con la expresión: “En Venezuela hay gente pasando hambre”.
A pesar de la crisis en los planes sociales del gobierno de Maduro, el estudio trimestral de Consultores 21 indica que 69% de los encuestados reconoce que recibe de parte del Estado venezolano dinero o bonos, mientras 60% asegura que recibe comida. No obstante, el estudio no profundiza en la frecuencia con la que se recibe a comida, o el impacto de dinero o los bonos en el presupuesto familiar.

Las perspectivas económicas
Hasta la fecha parece existir consenso en que las sanciones internacionales al país han tenido consecuencias no-intencionales beneficiosas, como la desregulación económica, pero también otras que no lo son, en este caso se puede mencionar que al buscar debilitar las capacidades estatales también se ha debilitado la estructura social venezolana, precisamente por el nivel de dependencia de sectores de la población de la renta petrolera.

En el más reciente informe de la Unidad de Research de Barclays Capital se destaca que a pesar de las discusiones sobre una revisión de las sanciones dado el conflicto en Ucrania (petroleras, principalmente), las medidas que está considerando la administración de Biden parecen limitadas en su alcance y siguen dependiendo de las negociaciones políticas.

“Aunque Venezuela ha sido considerada por algunos como potencial alternativa al suministro de petróleo ruso, por ahora, no tiene la capacidad de aumentar significativamente la producción -se explica el informe- Estimamos que lo máximo que podría añadir Venezuela a corto plazo sería unos 200.000 b/d. Este impacto en el mercado mundial del petróleo sería marginal y tendría poco efecto sobre los precios del petróleo”.

Por otra parte, los analistas de Barclays sostienen que la posible revisión de las sanciones “es estrictamente en el ámbito del sector petrolero, con licencias para empresas en particular (…) El objetivo en las negociaciones en curso sigue siendo tener unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024. Cualquier resolución de la crisis y un cambio significativo en la política de EEUU antes de eso, parece tener pocas posibilidades de producirse”.

El reporte de Barclays cierra con un tema clave: “sin una economía que crezca, la capacidad de Maduro de evitar conflictos en la coalición de poder es limitada por lo que su situación es inestable. Y señala que la clave está en las condiciones electorales de cara a 2024 (…) Por lo tanto, para encontrar una solución económica estable, el régimen necesita abordar la cuestión principal: la mejora de las condiciones electorales, que ha sido la principal exigencia de la comunidad internacional para que se le conceda el alivio de las sanciones (…) el debilitamiento de la oposición puede proporcionar una situación en la que el régimen pueda mejorar las condiciones electorales, con vistas a que pueda ganar unas elecciones”.