Corrupción y violación de los Derechos Humanos. Así puede resumirse los mas recientes días del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las consecuencias del escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la pérdida estimada de 3.600 millones de dólares coincidió con la presentación del informe verbal de la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el marco de la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, explicó que “las violaciones graves de los DDHH y los delitos que se describieron en los informes anteriores, así como la ausencia de investigación y sanción a los autores que la Misión identificó, parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar a la disidencia política. Mientras tanto, millones de personas huyeron del país en uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente”
Según Valiñas “continúan produciéndose graves violaciones de DDHH en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales, según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas civiles y militares permanecen detenidas por causas o motivos políticos, y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo. La Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados y constantes violaciones del derecho al debido proceso”.
Valiñas recordó en su intervención que “en la resolución 51/29 el Consejo expresó su preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático. La Misión se hace eco de esta preocupación y ha decidido priorizar este tema como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato. En años recientes, tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno. Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques contra organizaciones y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada, así como a líderes políticos. El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, permanece detenido desde julio de 2021 en la sede del SEBIN en El Helicoide tras haber denunciado a un alto funcionario del gobierno ante el Ministerio”
Además alertó que durante el último año, “se han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación. Solo en septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira, y otras 31 en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022 el gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas. La Misión registra con especial preocupación los ataques contra periodistas y personas comunicadoras”, entre ellas, Roland Carreño. Mencionó su retardo procesal y otras irregularidades.
Adicionalmente explicó que en sus informes, “la Misión concluyó motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. La prueba recibida sustentó con motivos razonables para creer que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La Misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina y recuerda que conforme a las normas y la jurisprudencia internacionales, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los DDHH no prescriben y no pueden ser amnistiados. En este sentido, los procesos ante la CPI representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela”.
De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela (…) La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación. Varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión*, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Maduro se defiende
La presentación de Valiñas fue rechazada por el representante de Maduro ante la ONU Samuel Moncada, quien indicó que la sesión del organismo “es parte de la estrategia diseñada por los EEUU, sus aliados de la UE, algunos pocos países de mi región, que reniegan de su identidad y prefieren agredir en vez de cooperar. Se trata de seguir utilizando los DDHH como instrumento predilecto de ataque contra Venezuela para mantener activa la campaña mediática contra el gobierno bolivariano, así como para procurar nutrir una narrativa de supuestas violaciones sistemáticas de DDHH con oscuros fines políticos”.
Según Moncada “tan obvia es la intención que moviliza a esta pseudo Misión, que los costosos informes que se elaboran contra mi país en el marco de este mandato, son inicialmente presentados en premeditadas ruedas de prensa a las corporaciones mediáticas trasnacionales, incluso antes de ser presentadas en este Consejo, lo cual no dejaremos de condenar como una práctica errada que menoscaba el verdadero tratamiento de los DDHH”.
Por otra parte aseguró que “mientras exista respeto, Venezuela seguirá deseosa de compartir su realidad, porque no tiene nada que ocultar, ni siquiera sus desafíos, como bien lo señaló aquí ayer el Alto Comisionado cuando dio cuenta de la actividad desplegada por su equipo en el terreno, lo cual demuestra resultados concretos que generan escozor a nuestros detractores. Venezuela mantiene y seguirá cultivando una amplia y activa cooperación con este Consejo, sus mecanismos y los órganos creados sobre la base de la no injerencia, la soberanía y el respeto, y esto es una razón adicional que explica la impertinencia del mandato inquisidor que hoy nos convoca”.
Respuesta a Maduro
Francisco Cox, integrante de la misión, respondió a los señalamientos de Moncada explicando: “No vemos apertura, sin duda vemos que hay una cooperación con la Oficina del Alto Comisionado que celebramos, pero nos gustaría recibir un trato similar para poder documentar y que después no se diga que nuestros informes no son legítimos porque no podemos entrar al terreno. Nada de esto hace que nuestras conclusiones sean menos sólidas. Tenemos información de insiders con documentación y con entrevistas de personas en lugares que han salido o incluso que permanecen dentro de Venezuela”.
Para Cox “es desalentador, escuchar en un foro como el Consejo de DDHH, erigir la no interferencia, la soberanía nacional, como argumento para evitar la fiscalización y la vigencia de los DDHH. Como chileno me recordó la estrategia que utilizaba el dictador Pinochet para evitar el escrutinio de la comunidad internacional”.
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GUIDELINES OF MCM’S ECONOMIC PLAN
A key point that MCM and her team seem to be clear about is that any attempt to get Venezuela out of international economic and financial isolation requires a solution to the issue of the debts and obligations of the Venezuelan State (includingPDVSA) that are currently in default.
MARÍA CORINA MACHADO’S ERA HAS STARTED: A REFURBISHED INTERIM GOVERNMENT
MARÍA CORINA MACHADO’S ERA HAS STARTED: A REFURBISHED INTERIM GOVERNMENT”
Opposition primary elections must overcome logistical barriers and legal threats
Upon completing the registration of candidates for the October 22
opposition primary elections, the organizers of the event must overcome
logistical challenges and face legal threats in order to hold the event.
The chance of a friendly agreement on Venezuelan debt is lessened
María Corina Machado (MCM)
with the help of a group of
experts in economics,
including Gustavo García and
Rafael de la Cruz (both
former officials of the Inter-
American Development Bank)
has talked about including in
her government’s economic
plan a debt restructuring
proposal to be presented to
economists and bondholders
in New York in July.
Returning to México may be important for prices stability
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