El dilema entre inflación y conflicto socio-laboral no está resuelto

Leonardo Vera / Informe Carpe Diem

El gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta hoy a un serio dilema de política pública que supone entre elegir una menor presión inflacionaria eludiendo la posibilidad de nuevos aumentos salariales a nivel de trabajadores y dependientes del sector público, o optar por bajar la presión de calle y el descontento laboral ofreciendo alguna fórmula de compensación en los ingresos de los dependientes del sector público.

En un contexto de inflación alta y galopante como el que vive Venezuela, sin ajustes en los pagos salariales que reciben los trabajadores del sector público y pensionados desde marzo del pasado año, la erosión del poder adquisitivo ha llevado a un creciente descontento en grupos de interés que en algún momento pudieron haber constituido una base de apoyo para el gobierno de Nicolás Maduro.

El salario mínimo y las pensiones y jubilaciones mensuales cuyo equivalente en dólares a marzo del pasado año (cuando se hizo el último ajuste) era de US$ 29, se ubica hoy día en US$ 5,29. Sin ajustes en el salario mínimo, la escala de salarios del sector público tampoco se mueve lo que ha puesto en una situación de precariedad económica a más de 1 millón de trabajadores dependientes del Estado y a cerca de 5 millones de pensionados y jubilados dependientes de la seguridad social y otros 800 mil que dependen de otros regímenes de jubilación públicos independientes.

El problema de fondo es que frente al embate inflacionario los dependientes del sector público no poseen mecanismos contractuales o institucionales para protegerse de la inflación. La contratación colectiva a nivel del sector público en Venezuela está absolutamente desfasada, los salarios se siguen marcando en bolívares, y el salario mínimo y la escala salarial no se mueve desde hace casi un año.

En una economía donde los precios se marcan en dólares y el sector público viene crecientemente indexando al dólar tarifas y aranceles por los servicios públicos, los trabajadores y dependientes del sector público son claramente grandes perdedores.

Durante los meses de enero y febrero miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, al sector salud, a los sectores siderúrgicos y metalmecánico, a la administración pública, a las universidades autónomas y también los pensionistas y jubilados se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y el adecentamiento de sus condiciones de trabajo.

La respuesta del gobierno de Maduro y de su Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, frente a estas demandas ha sido el silencio. Sólo algunos voceros no calificados, vinculados al PSUV, han manifestado que las sanciones han generado un colapso en los ingresos públicos que impiden al gobierno atender las demandas de incremento salarial.

Los esfuerzos de la mesa tripartita instalada a finales de enero en Margarita, bajo el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no pudo llegar tampoco a ningún acuerdo en materia salarial, en tanto que el Ministro del Trabajo no llevó ninguna propuesta y se escudó en la escasez de recursos y en los efectos perniciosos que las sanciones han tenido sobre la economía del sector público.

En esa tercera sesión presencial del Foro de Diálogo Social con asistencia de la OIT sólo se acordó la constitución de una mesa técnica para discutir durante el mes de febrero la materia salarial, mientras el gobierno y su central sindical, la CBST, se concentraron en la firma de un petitorio de condena a las sanciones internacionales.

A nuestro juicio dos cosas justifican la actitud del gobierno de Maduro para resistirse al incremento de los salarios. Por un lado, ciertamente la exigencia de recursos para llevar el salario tan sólo al equivalente en dólares de marzo de 2022 es cuantiosa, sin que el gobierno cuente con una fuente de recursos objetiva que vaya más allá, por ejemplo, de un aumento en el precio de la gasolina. Por otro lado, los asesores económicos externos del gobierno temen que un incremento salarial de gran magnitud se traduciría en una presión inusitada en el mercado cambiario, desatando un proceso inflacionario aún más virulento.

Un ejercicio que presentamos en nuestro primer reporte del año indicaba que si el gobierno de Maduro quisiera llevar el salario mínimo a los 29,68 dólares de marzo del pasado año, entonces necesitaría a lo largo de éste año de aproximadamente de US$ 1.390 millones para cubrir el incremento que beneficiaría a los 5 millones de jubilados y pensionados que existen en el país y de US$ 1.832 millones sólo para cubrir el aumento sobre el 1 millón cien mil trabajadores y empleados agremiados al sector público. Todo esto suma entre 5 y 6 puntos del PIB. Vale señalar, que en ese ejercicio establecimos como premisa que el incremento en el salario mínimo afectaría toda la escala salarial y por tanto al salario promedio del sector público que hoy se ubica en el equivalente aproximado a los US 39 dólares mensuales.

Por lo pronto es difícil avizorar una salida al tema salarial y del poder adquisitivo, por lo que el gobierno de Maduro tendrá que lidiar con un clima laboral al interior del sector público altamente conflictivo, que siempre tiene alguna probabilidad convertirse en una incontrolable protesta social.

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