Juan Francisco Alonso/El Universal.- Conspiración y magnicidio. Estas palabras han vuelto a estar en boca de los venezolanos, gracias a que el pasado lunes el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de dos presuntos sicarios colombianos, los cuales habrían sido contratados por un grupo integrado por opositores, los servicios secretos de Estados Unidos (CIA) y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello.
La veracidad de la trama, la decimoprimera denunciada por las autoridades en lo que va del año, ha sido puesta en tela de juicio por los adversarios del Gobierno, quienes la consideran una distracción para evitar que se hable de problemas como la inseguridad ciudadana, la inflación o las fallas de los servicios públicos.
“Este que habla con pajaritos ha denunciado 11 conspiraciones y habla de cuatro supuestos magnicidios en lo que va de año, uno por mes desde que asumió (…) Este caballero (Maduro) quiere batir el récord de 640 denuncias de magnicidio en 48 años de Fidel”, afirmó el martes el excandidato presidencial, Henrique Capriles.
Asimismo en las redes sociales abundan mofas y sátiras sobre el anuncio.
¿Por qué ocurre esto? El politólogo Edgar Gutiérrez lo atribuyó a lo reiterado de la denuncia. “Es un expediente gastado y lo gastó el propio presidente Hugo Chávez, quien denunció innumerables intentos de asesinato, y la mayoría de esos señalamientos no contaron con pruebas o ellas eran muy burdas, poco serias, y eso hace creer que simplemente eran potes de humo que buscaban distraer la atención de la ciudadanía sobre otros temas”.
Las hemerotecas e Internet dan la razón al experto. En ellas se pueden hallar decenas de denuncias, las cuales podrían agruparse en unas 50. Sin embargo, al revisar las páginas web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público para determinar cuál fue la suerte que corrieron dichos señalamientos,El Universal encontró que nadie desde 1999 fue acusado, enjuiciado ni condenado por intentar asesinar al Jefe del Estado.
Haciendo memoria
Uno de los primeros casos de magnicidio denunciado ocurrió en Ciudad Bolívar (Bolívar), a principios de la administración del desaparecido mandatario, cuando un presunto francotirador fue detenido. Sin embargo, no hay registro de lo que ocurrió con el sujeto, si fue procesado o no.
Ni siquiera los militares implicados en el golpe que en abril de 2002 derrocó brevemente al presidente Chávez, fueron acusados por intento de asesinato, pese a que él durante años aseveró que es era el objetivo de los complotados.
En octubre de ese año, en el programa “¡Aló Presidente!”, el gobernante anunció que se desarticuló un plan que pretendía derribar su avión cuando aterrizara en el aeropuerto de Maiquetía a su vuelta de una gira que realizó por Europa. En esa ocasión el fallecido Jefe del Estado exhibió una bazuca AT-4 que supuestamente le fue incautada a los sospechosos, y aunque se habló de detenidos no se halló información sobre la suerte que corrieron.
Castigados, pero por otra cosa
En mayo de 2004, meses antes del referendo revocatorio presidencial, las autoridades anunciaron la captura de unos 100 supuestos paramilitares colombianos en la finca Daktari, a las afueras de Caracas. Los sujetos, según las primeras versiones oficiales, habrían sido traídos al país por sectores opositores radicales y por militares descontentos para atacar el Palacio de Miraflores e instalaciones castrenses y hacer creer que se trataba de un alzamiento contra el Gobierno.
Con el paso del tiempo la historia cambió y funcionarios como el actual ministro Rodríguez Torres, aseguraron que el objetivo último era liquidar al mandatario.
En este caso sí hubo acusaciones y juicios. Cuarenta y uno de los presuntos irregulares, junto a seis oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada, fueron condenados por los tribunales castrenses pero no por intento de homicidio contra el Presidente sino por rebelión, aún cuando no les hallaron armas de fuego.
Pese a los señalamientos que afirmaban que los extranjeros buscaban ejecutar un magnicidio el fallecido mandatario los indultó y extraditó a Colombia.
En julio de 2010 el Gobierno aseveró haber desactivado otro complot, en el cual estaría involucrado el exagente de la CIA, Luis Posada Carriles y que sería ejecutado por el supuesto terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, quien fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía ingresar con pasaporte falso al país.
No obstante la gravedad de la acusación, el sujeto no fue procesado sino que fue entregado casi de inmediato a Cuba, donde tenía cuentas pendientes. Esta decisión no fue objetada por la fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
Por este caso también fue detenido el político Alejandro Peña Esclusa, quien solamente fue acusado por los delitos de asociación para delinquir y tenencia de explosivos.
Sólo dos veces
Otro dato interesante que halló El Universal en su revisión es que apenas hay dictámenes de los tribunales donde se haga mención a la palabra magnicidio. Los pocos que se hallaron son los que la Corte Marcial y el TSJ emitieron en el proceso que a finales de 2008 se les siguió a un grupo de oficiales, entre ellos el general (r) Wilfredo Barroso y el vicealmirante (r) Carlos Millán, quienes fueron aprehendidos y señalados de preparar el asesinato del fallecido mandatario.
Otro de los fallos donde se analizó el delicado tema lo dictó en noviembre pasado el Tribunal Militar 12 de Control de Mérida, al cerrar por falta de pruebas una investigación que en 2009 se inició por una denuncia de un particular contra el sargento José Guerrero Santander, quien laboraba en la Gobernación de Barinas y al que se vinculó también en una trama para atentar contra el desparecido Jefe del Estado.
Pese a que a lo largo de estos años el Ministerio Público, así como la Fiscalía Militar, ha anunciado distintas averiguaciones por estos señalamientos hasta ahora los únicos a los que oficialmente ha sido imputado por intentar acabar con la vida del Presidente de la República solo los dos presuntos sicarios colombianos detenidos el pasado 15 de agosto (Víctor Gueche y Erick Huertas), quienes ahora deberán enfrentar un proceso que podría terminar haciéndolos pasar hasta 30 años tras las rejas.
