Descargue el proyecto de Ley de la Comunicación Social 

Maru Morales / El Nacional.- El artículo 204 de la Constitución es preciso al señalar que la iniciativa legislativa puede nacer del Ejecutivo, la Comisión Delegada o las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, al menos 3 diputados de la Asamblea Nacional, del TSJ, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, del 0,1% de los electores inscritos en el Registro Electoral y de los consejos legislativos.

El pasado 13 de agosto cuando el editor y vocero de la Cámara de Periódicos Regionales, Gastón Guisandes, ejerció un derecho de palabra en la comisión de Poder Popular y Medios del Parlamento para presentar el proyecto de ley de comunicación social, no cumplió el séptimo precepto constitucional, conocido como “iniciativa ciudadana”.
Guisandes se limitó a afirmar que el proyecto “era resultado de muchas consultas con muchas personas”, pero no consignó el proyecto en nombre de ninguna organización ni grupo de ciudadanos en particular.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, advirtió que la propuesta nació viciada y que desde ese hecho, hasta su contenido constituye un “mamotreto jurídico”. “Esto llegó al parlamento con un vicio de origen: él debió llevar su propuesta con 180 mil firmas de respaldo de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero no lo hizo y la Asamblea Nacional no se lo exigió”, denunció.

Rechazo total
Sin detenerse en la forma como fue presentada, la comisión aceptó el documento y lo remitió a la sub comisión de Medios para su estudio y consideraciones, explicó la presidenta de la instancia, Tania Díaz (PSUV).

Las reacciones no se hicieron esperar. Representantes del CNP, dirigentes gremiales de Caracas y Zulia, miembros del SNTP e integrantes de la Asociación de Periodistas Extranjeros rechazaron el contenido y la orientación del proyecto de ley de comunicación social promovido por Gastón Guisandes.

Guía advirtió que la iniciativa busca eliminar la formación profesional del periodista y socavar más la libertad de expresión. Cree que la intención es tener comunicadores sumisos al partido de gobierno.
“La Ley de Ejercicio, el Código de Ética y el Colegio son mecanismos que garantizan a la sociedad periodistas preparados y profesionales. Quitar esos mecanismo es lanzar a la sociedad por un barranco donde cualquiera podrá emitir informaciones sin filtro”, dijo.
Aunque Guisandes llevó el proyecto a título personal, Guía no duda del origen del documento: “Es una iniciativa de la que Julio Chávez (PSUV) ha venido hablando desde el año pasado”.
La secretaria general del CNP-Caracas, Lisbeth de Cambra, coincidió: “Estoy convencida de que es una línea política emanada del PSUV para censurar. Si es avalado por la Asamblea, caeríamos en la anarquía informativa”, vaticinó.
Precisó que los artículos 5, 15 y 18 del proyecto establecen abiertamente la censura.

Cero críticas
La vicepresidente nacional del CNP y dirigente de Zulia, Nikary González, enfatizó que la propuesta plantea desprofesionalizar la carrera para que no haya periodistas críticos ni sagaces. “El proponente es un actor político del gobierno. Lo que quieren son simples propagandistas, interlocutores cómodos y que la sociedad pierda de vista a quienes han dado la cara en la lucha por la libertad de expresión”, dijo.

González considera que la ley vigente es revisable, pero no bajo la mirada de la actual Asamblea Nacional. “Claro que se puede discutir una actualización de la norma, pero ¿dónde y quiénes discutirían? ¿En una Asamblea que no permite el ingreso a los periodistas? Eso no tendría sentido”, sostuvo.
El presidente del SNTP, Marco Ruiz, observa que el proyecto se inscribe en la línea política gubernamental de acallar a la oposición. “Responde a la necesidad del gobierno de seguir alimentando su aparato propagandístico hasta hacer desaparecer cualquier gesto crítico. Este proyecto protege a los burócratas y no a los ciudadanos. Eso es contrario a la naturaleza del periodismo”, alertó Ruiz.
Coincidió con González al afirmar que un Parlamento que no deja a los periodistas acceder directamente a la información no puede revisar el ejercicio de la profesión.

Corresponsales alerta
El presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros (que agrupa a 80 profesionales de 40 medios internacionales) y corresponsal de Inter Press Service, Humberto Márquez, expresó preocupación: “Creo que se busca desmantelar el CNP y demás formaciones gremiales. La redacción del texto es tan genérica que cualquiera puede ejercer el periodismo por el solo hecho de haber nacido. Es una manera de degradar la formación profesional”.

La propuesta Guisandes tiene un parágrafo dedicado a los corresponsales extranjeros según el cual podrán ejercer únicamente por un año, a menos que tengan visa de residentes.
“No encuentro argumento que sustente esa arbitrariedad”, dijo Phil Gunson, corresponsal en Venezuela durante 15 años. “A nadie le dan una residencia luego de un año; el corresponsal extranjero necesita tiempo para entender el país, pero si al año se tiene que ir, se desprofesionaliza la corresponsalía porque todo el que llegue tendrá que empezar de cero. Fijar ese lapso no toma en cuenta que no es razonable ni atractivo como oferta de trabajo”, señaló.

La ambigüedad y la censura
El proyecto de ley de comunicación social consta de 18 artículos. Su objeto es regir el ejercicio de la comunicación por “formación natural o académica” y ampara a todas las personas “profesionales o no” que trabajan en medios, publicidad, locución “y a todo el que usando su ordenador ejerza la comunicación social”. También, a los corresponsales extranjeros.

El texto condena la colegiación de periodistas pero crea un Colegio Nacional de Comunicación Social; ordena crear una comisión promotora que redactará el reglamento; y el artículo 15 crea la Comisión de Orden con potestad para actuar de oficio y “censurar” o expulsar a los comunicadores. No se aclara cómo será la escogencia de las autoridades de ninguna de estas instancias.
Los artículos 17 y 18 consideran “faltas inexcusables” publicar información sobre personas sin previamente haberlas notificado e informar de “situaciones irrelevantes”. Sostiene que la sola rectificación libra al comunicador de procesos penales.