Cero tolerancia para los policías y guardias nacionales que hayan incurrido en abusos a la hora de tratar de dispersar las manifestaciones que en los últimos días han sacudido al país prometió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien aseveró: 

“Vamos a perseguir a quienes hayan incurrido en excesos durante las protestas. No vamos a tolerar violaciones de los Derechos Humanos”.

El compromiso lo asumió la jefa del Ministerio Público durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, convocada por el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y a la que también fueron invitados algunos medios nacionales.

Tras aseverar que su despacho tiene “mucha claridad” de cómo ocurrieron los hechos violentos registrados en las cercanías de la sede principal del organismo que dirige, tras la marcha opositora del 12 de febrero y en los cuales tres personas fueron asesinadas, la funcionaria anunció que hay nueve policías y militares detenidos, de los cuales tres estarían involucrados en alguna de las dos muertes antes mencionadas (Bassil Dacosta y Juan Montoya).

Ortega Díaz informó la detención de los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Melvin Collazo, a quien se le imputó uso de arma de fuego y violación de pactos internacionales; así como de Jonathan Rodríguez Duarte y Andry Joswa Jaspe, quienes según un documento al que tuvo acceso este diario la policía científica (Cicpc) le incautó unos carnet que los acreditarían como asistente y como escolta del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.

“Hay cuatro órdenes de captura contra otras cuatro personas”, agregó Ortega Díaz, quien minutos antes indicó: “Quien porta un arma de fuego en una manifestación no tiene intenciones pacíficas”.

En las inmediaciones de La Candelaria, donde fueron asesinados Montoya y Dacosta, no solo había del organismo de inteligencia disparando sino también presuntos miembros de los colectivos afectos al Gobierno y así quedó registró en cientos de imágenes y videos que recorren las redes sociales.

Investigan denuncias 
Aunque denunció que hay una “campaña internacional de descrédito” que pretende hacer ver que en Venezuela se violan los Derechos Humanos, la Fiscal General admitió que su despacho está procesando 12 denuncias precisamente por esto; y llamó a las víctimas, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que le lleven todas las que tengan.

“He creado un equipo de atención inmediata para los casos de recepción de denuncias sobre detenciones arbitrarias, excesos policiales y torturas para procesar de manera inmediata cualquier denuncia”

, dijo, al tiempo que agregó: “para que las personas no digan que no tienen a donde acudir”.

Desde el Foro Penal y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello han denunciado que el grueso de los detenidos durante los sucesos de estos días se les incomunicó durante horas y se le negó el acceso a un abogado, lo cual representa una violación al artículo 44 de la Constitución de 1999.

Sobre el caso Carrasco 
Ortega Díaz volvió a referirse al caso de Juan Manuel Carrasco, quien fue detenido por la Guardia Nacional en Carabobo por protestar y quien denunció que fue abusado mientras estuvo privado de libertad; y negó que esto hubiera ocurrido.

“¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada, osea que le hayan introducido por el ano la punta de un fusil pueda sentarse en la audiencia presentación? Que desagradable hablar de esto, pero hay que hacerlo”

, declaró, para después continuar aseverando: “Practicado el reconocimiento médico legal no es cierto que se haya introducido el fusil por el ano”.

Pese a esta afirmación, la Fiscal General reconoció que por este caso hay tres uniformados tras las rejas. “Si fue golpeado debemos investigar por qué ese ciudadano fue golpeado (…) pero no podemos magnificar los hechos”.

Por último, Ortega Díaz denuncias como estas “que no son ciertas” buscan “crear caos”.

Texto de Juan Francisco Alonso [email protected] / El Universal