Análisis. 24 de octubre.
Los eventos de las últimas horas han puesto otra vez en la opinión pública la posibilidad que se convoquen elecciones anticipadas como mecanismo para resolver la crisis política y económica del país.

No es un tesis nueva: Desde principios de año algunos sectores políticos coquetean con la idea de unas megas elecciones que permitan equilibrar el poder en el país. Esas elecciones(según la idea planteada a principios de año por los facilitadores internacionales) irían acompañadas de la posibilidad de otorgarle mayor equilibrio institucional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El problema básico con la idea de las elecciones generales es que aún no se pone precisión a ese rótulo. De hecho, obviando lo dispuesto en la Ley de Regularización de Periodos Constitucionales el anuncio de la presidenta del CNE el pasado 17 de octubre bien podría considerarse como unas elecciones generales:  23 gobernaciones y 237 legisladores regionales 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales. ¿Qué falta? El Presidente de la República y la Asamblea Nacional.

Técnicamente no existe duda de la posibilidad de hacer un proceso general (el mismo día) para elegir cargos de ámbito nacional y regionales; especialmente si del proceso se excluye (por razones prácticas) a los concejales.

Sin embargo, como ocurre con el referendo revocatorio este no es un problema de factibilidad técnica, ni legal; es un problema político. Y el problema político se puede salir de control del chavismo y de la oposición como lo demuestra la toma de la Asamblea Nacional el domingo 23 de octubre.

No obstante, antes de llegar a concretarse el escenario de elecciones generales anticipadas, con garantía además de mayor equilibrio institucional en el TSJ y CNE, es necesario aclarar muchos puntos, entre ellos el de la mediación internacional.

Aunque existe consenso entre la mayoría de la oposición y del chavismo en que la mediación del Vaticano puede ser positiva; al día de hoy la Iglesia sigue teniendo bloqueadores muy específicos para asumir abiertamente este proceso; y mientras se aclara la Unasur sigue intentando llevar el debate al terreno que mas le favorece a sus aliados políticos: Elecciones presidenciales en 2018, libertad condicional para algunos presos políticos y tratar de evitar que el Parlamento prosiga en su agenda de restablecer el orden constitucional. No en vano la Unasur intentó por todos los medios de suspender la sesión del domingo en la AN.

En el debate de los próximos días estará sobre el tapete lo que podría considerarse (desde la perspectiva de la oposición) un Golpe de Estado continuado centrado en tres acciones básicas:

  • Inhabilitación jurídica de la Asamblea Nacional por parte del TSJ.
  • Que el Presidente (con el aval del TSJ) considere que no está sujeto al control político del Parlamento
  • Posposición (aún no se puede hablar de anulación) del referendo revocatorio presidencial

La toma del parlamento por una turba (la Real Academia define el término turba como una “Muchedumbre de gente confusa y desordenada”) demuestra que en este momento el chavismo está dispuesto a llevar al país a un situación extrema con tal de mantener el poder, sin realizar ninguna concesión.

Sin embargo, se debe resaltar que en el debate (en medio de los mayoritarios pobres discursos de los diputados de ambos bandos) los enfoques de Elías Jaua, Julio Borges o Henry Ramos Allup demostraron que están muy claros del momento que vive el país; y en consecuencia hablaron y plantearon la necesidad de llegar a acuerdos entre los dos bloques.

Sin embargo, el diálogo tal como lo concibe el chavismo y sus aliados internacionales en este momento no es posible; quien mejor lo explicó fue Leopoldo López en la noche del domingo (a través de su cuenta en Twitter) al describir el encuentro en la cárcel militar de Ramo Verde con el ex presidente Martín Torrijos. La postura de López sirve además para ejemplificar que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aun no hay consenso claro de cómo proceder en las siguientes horas y días: Avanzar en el conflicto de calle o sentarse a dialogar es la disyuntiva.

Sin embargo, tanto en el chavismo como en la oposición hay líderes conscientes de la necesidad inmediata de tender puentes para evitar que la violencia se desborde.

Los nueve puntos acordados en la sesión parlamentaria del domingo escalan el conflicto. Algunos son materialmente inejecutables como la posibilidad de presentar ante la Corte Penal Internacional a las rectoras del CNE; no obstante en el resto de los casos la oposición pisó todas las rayas de alerta, pero no traspasó ninguna dejando abierta la posibilidad en este momento de que el chavismo pueda sentarse y anule a los bloqueadores internos del proceso de acercamiento.

Dependerá del chavismo ahora si la oposición avanza o no.

Si Nicolás Maduro decide anular definitivamente al Parlamento y con esa decisión eliminar el espacio natural para la discusión política el conflicto seguirá aumentando.

Lo que está claro (antes de la sesión del martes 25 de octubre y la Toma de Venezuela el 26 de octubre) es que los dos bandos se sientan a dialogar en igualdad de condiciones (con mediadores internacionales que no le den a ningún bando más de lo que merece, pero tampoco menos) o nadie podrá prever que tan malo sea lo que pueda ocurrir en el país.