Comunicado del rector Vicente Díaz
En Venezuela existen mil razones para protestar, ninguna para ejercer la violencia. Y mucho menos para que, por otra parte y de forma inaudita, se incite desde el poder.
Desde la caída de la dictadura la violencia nunca ha sido un camino eficaz, y mucho menos deseable, para el cambio del poder. La violencia es condenable venga de donde venga. Solo engendra más violencia.
Pero el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano universal
Leopoldo Lopez debe ser juzgado en libertad, como manda la Ley. Ya demostró que no existe ningún riesgo de que deje el país, voluntariamente se ha puesto a derecho. El gobierno debe presentarle al país cuales son las supuestas pruebas que lo incriminan, el país solo lo ha visto convocando manifestaciones pacíficas.
Es ilegal y criminal que existan bandas de civiles armados como soporte de un Estado. Eso se llama paramilitarismo. El gobierno venezolano lo ha condenado en Colombia, igual debe hacerlo aquí. Y proceder en consecuencia.
Es responsabilidad del Estado garantizar la paz ciudadana respetando el estado de derecho y los derechos humanos. Funcionarios de la Guardia Nacional y el Sebin han sido grabados destruyendo la propiedad y disparando armas de fuego. Hay serias denuncias de gravisimas violaciones de derechos humanos. Los responsables deben ser pasados a la justicia.
Es inaceptable que acudan funcionarios armados con armas mortales a contener manifestaciones o protestas.
Debe cesar de una vez por todas el discurso maniqueo que desde el poder estigmatiza a todo quien no esté con el gobierno como fascista, lacayo o traidor. Algunos sectores de la oposición que la cuestionan también han incurrido en este práctica perniciosa.
La promoción de la polarización es altamente peligrosa para un país por las tensiones que genera y acumula. Se pueden liberar en cualquier momento de formas terribles e insopechadas.
Asumir de entrada que las protestas son parte calculada del guión de un golpe de estado, deja al gobierno con la represión como su único camino sin pasearse por la consideración de que puedan existir razones de fondo, algún malestar profundo que ha encontrado solo esa manera de hacerse escuchar.
No hay forma de imponer modelos extremos, colectivistas o neoliberales, en un país cuyo equilibrio en los resultados electorales indica que los venezolanos reclaman una visión conjunta y un camino al desarrollo en el que nos reconozcamos todos.
El gobierno debe convocar un diálogo nacional con quienes legitimamente lo adversan para, sin renunciar a su condición de gobierno, buscar construir esa visión y ese camino compartido donde ningún venezolano se sienta excluido. Ya hay demasiados venezolanos viviendo en paises extranjeros. Y mucho peor, sintiendose extranjeros en su propio país
Las reglas del juego sobre las garantías y condiciones para elecciones justas no deben quedar fuera de ese diálogo necesario.
