A 12 meses (y unos días) de la elección presidencial la sempiterna discusión sobre las garantías electorales será pauta obligada en la agenda de la opinión pública. El debate ya comenzó, aunque tímidamente, con el análisis sobre la pertinencia de la fecha seleccionada para la elección presidencial y el orden de los tres procesos electorales que, en teoría, deberían haberse convocado en 2012. El proceso electoral del 7 de octubre pondrá a prueba la institucionalidad del Poder Electoral. Dentro de 12 meses se decidirá, no solo la reelección de un Presidente (es obvio que el Estado intentará convertir la elección en un plebiscito), sino la continuidad de un proyecto político a escala continental. A pesar que suene a lugar común se debe reiterar que depende en buena medida del Consejo Nacional Electoral (CNE) que la decisión que tomen los venezolanos (continuidad de la revolución o cambio de modelo) no sea traumática.
Aunque en el sector más radical de la oposición no se pueda escuchar el nombre de “Tibisay Lucena”, paradójicamente deberían reconocer que la principal garantía de transparencia que tiene la oposición el próximo año se encuentra, no en el rector Vicente Díaz, sino en la presidenta del CNE. Con esto no se quiere decir que Lucena le ha hecho guiños a la oposición -aunque sus detractores en el chavismo ya quisieran que fuera así- sino que, a pesar de los cuestionamientos técnicos que pueden realizarse a varias de sus decisiones, su permanencia al frente del organismo comicial debe ser un alivio para todos, especialmente para la oposición. Cualquier persona medianamente relacionada con el tema electoral fuera de nuestras fronteras reconoce que una de las principales garantías del proceso electoral es la cabeza del Poder Electoral. Recordar los episodios del referendo constitucional de 2007 es suficiente aval para esta afirmación. Sin Lucena al frente del CNE la institucionalidad del organismo comicial estaría mucho más amenazada de lo que puede creerse en este momento.
El CNE y sus rectores deberían internalizar rápidamente el peso histórico que tendrán en los próximos 12 meses. Y para esto necesitan ser lo más amplios posibles en tratar de aclarar las dudas que existan en los actores políticos y, especialmente, en los electores. El organismo comicial, como institución, había mantenido cierta distancia de la política comunicacional “stalinista” desplegada desde el Minci. Estrategia según la cual solo deben ofrecerse declaraciones a los medios del sistema público para garantizar que el interlocutor periodístico sea cómodo para el vocero oficial. Sin embargo, en el pasado reciente la política comunicacional del organismo comunicacional pareciera dirigirse a “evitar” que Lucena se enfrente a preguntas incómodas. Esta estrategia, aunque muy a tono con la línea de trabajo que se marca desde el Estado, atenta contra la transparencia del proceso. Además, no necesita la presidenta del CNE de este tipo de “artilugios” comunicacionales. Ganaría mucho más el país si desde temprano el árbitro ofrece explicaciones claras y concretas a las dudas que existen. El caso de la enfermedad del Presidente es el mejor ejemplo de lo errónea que es la política comunicacional del Estado. Mientras menos información precisa exista sobre el estado de salud de Chávez, mayor será la cantidad de rumores. Algo similar comenzará a suceder en el plano electoral si el árbitro se concentra solo en responder las preguntas que le son cómodas.
Le conviene al CNE, y a Lucena como su presidenta, pasar a la historia como el Poder Público que garantizó la paz y la convivencia de los venezolanos. No dedicar tiempo para aclarar las dudas y temores de un sector de la población atenta contra la institución y todos los venezolanos. En los próximos meses no puede mostrarse el CNE como un organismo débil. Al contrario, sus integrantes deben ratificar (en hechos y palabras) que son capaces de controlar el proceso político del país. Evitar aclarar las dudas sobre el control de la campaña, uso de captahuellas en todas las mesas, forma de capturar los ocho millones de impresiones dactilares que faltan, retrasos en los operativos de actualización del Registro Electoral, problemas asociados a la identificación biométrica, voto en el exterior, nuevas auditorías, diferenciar las misiones de acompañamiento de la observación internacional, disposición a fortalecer la observación nacional entre otros tópicos no es un buen comienzo para la cuenta regresiva al 7 de octubre de 2012.
