Finalizada la audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la inhabilitación política a Leopoldo López, las principales dudas con relación a este caso se orientan al análisis de la actitud que asumirá el Ejecutivo Nacional -e incluso la propia oposición- sobre el destino del ex alcalde de Chacao.
Con el precedente de la demanda que presentó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado venezolano en el año 2009 -y por la forma en la cual transcurrió la audiencia en Costa Rica- pareciera cantada una decisión favorable a López -inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República hasta el año 2014- y por extensión para los 575 venezolanos, varios de ellos militantes del chavismo, con derechos políticos limitados por decisión del contralor general, Clodosvaldo Russián.
Los problemas comienzan por el tiempo que tardará la Corte-IDH en pronunciarse. La sentencia definitiva sobre el caso de López podría conocerse en un lapso que oscila entre dos y seis meses. Evidentemente, el tiempo juega a favor del presidente Chávez, a quien políticamente le interesa que se mantenga la incertidumbre sobre el futuro del ex alcalde de Chacao.
¿Están obligados Chávez y el contralor a ejecutar una decisión favorable a López? Russián ya advirtió que no está dispuesto a permitir que la Corte-IDH lo contradiga. Esta declaración se produce a pesar que el artículo 23 de la Constitución Nacional establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
La postura de Russián, y precedentes como la negativa del Poder Judicial para ejecutar la sentencia del 5 de agosto de 2008 de la Corte-IDH que ordenaba se reintegrara a los magistrados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha Contreras y Ana María Ruggeri Cova le dan argumentos a un sector de la oposición para que desestime el futuro político de López.
Le interesa al Gobierno que la oposición se divida entre apoyar o condenar a López. La habilitación del ex alcalde -vía Corte-IDH- es el primer paso de una batalla política que se antoja complicada, especialmente porque le tocará al ex alcalde -y a todo su equipo- hacer valer en Venezuela, ante el Gobierno y ante un sector de la oposición, la decisión del organismo hemisférico.
Los escenarios sobre el caso López son muy variados, especialmente porque aún se desconoce la fecha exacta de las elecciones primarias de la oposición -mientras más tarde mejor para López- y el momento en que el CNE convocará oficialmente las elecciones en el año 2012.
Por ahora, el Estado venezolano parece darse como perdedor ante la Corte-IDH. Ya adelantó Russián -horas antes de que comenzara la audiencia el martes- que “solo la Sala Constitucional del TSJ puede revocar las inhabilitaciones”.
Probablemente veremos en todo 2011 y buena parte de 2012 “un peloteo” para precisar quién debe aplicar la decisión de la Corte-IDH. Las rectoras del CNE ya han adelantado -desde mediados de 2008- que el código ocho (8) en el Registro Electoral -que impide al sistema automatizado aceptar la postulación a cargos de elección popular- solo puede ser removido por orden de la Contraloría -aunque en realidad solo bastaría pulsar la tecla “delete” en un terminal- mientras Russián aclara que le corresponderá al TSJ decidir si se acata o no la decisión.
En medio de esta incertidumbre la oposición -o buena parte de ella- está de acuerdo en permitir que los inhabilitados participen en las elecciones primarias. La duda radica en cómo proceder en caso que uno de los integrantes de la lista Russián gane la consulta de base, especialmente si esa consulta es la que definirá al candidato presidencial opositor.
Los números del IVAD (Instituto Venezolano de Análisis de Datos) indican que, al día de hoy, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky y el ex alcalde de Chacao dominan la preferencia del electorado que se opone a Chávez.
Son ellos los que tienen los mejores números si se polariza el escenario electoral. En una elección de Chávez vs. Capriles Radonsky, el Presidente obtendría 45% de los votos y el gobernador llegaría a 42% -con una diferencia prácticamente similar al error muestral de la encuesta- mientras 13% aún no fija posición. En un escenario polarizado con López, Chávez obtendría 46,3%, el ex alcalde llegaría a 40%, mientras 14% aún no fija posición.
Si se evalúa las personalidades, el gobernador de Miranda tiene 46,3% de agrado y 23% de desagrado, mientras López llega a 37% de agrado y 29% de desagrado.
Si la oposición cede al juego político de Chávez y decide “mantener” la inhabilitación política a López para curarse en salud, indirectamente podría abrir la posibilidad a que el Estado decida sacar del juego -con una inhabilitación- a Capriles Radonsky.
Estaría mucho más claro el panorama si la oposición exigiera al CNE definir cuanto antes las fechas electorales de 2012. Cambian radicalmente los escenarios -incluso la valoración positiva o negativa de la fecha de las primarias- si el organismo electoral convoca los comicios presidenciales para julio, octubre o diciembre del próximo año.
Para responder la duda que plantea el título de este texto se debe indicar que Chávez mantendrá silencio sobre la decisión de la Corte-IDH -por la instancia en que se produce no puede ser apelada- hasta el momento en que deban inscribirse las candidaturas presidenciales, probablemente 45 días antes de la fecha de los comicios.
Sin embargo se desconoce la postura que tomará la oposición. A estas alturas López debe estar consciente que Chávez utilizará su “habilitación” internacional para dividir a la oposición. Por los números que muestran las encuestas también es prioritario preguntarse si el ex alcalde de Chacao está consciente -la interrogante es extensiva a un sector de la oposición- que su concurso en la campaña electoral, esté o no habilitado, es prioritaria para que la oposición pueda soñar con derrotar a Hugo Chávez.
