Por considerar que no hay pruebas ni razones legales para mantenerlo en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), la defensa del líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, recurrió la decisión de la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, que acordó mantenerlo detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por presuntamente planificar los hechos violentos ocurridos tras la marcha opositora del 12 de febrero.

En horas de la tarde de ayer, y dos días antes de que venciera el lapso legal, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, uno de los tres abogados del exalcalde de Chacao, interpuso el recurso de apelación contra la resolución judicial, la cual de mantenerse dejaría al dirigente hasta mediados del mes de abril tras las rejas.

Tras asegurar que “presentamos todos los elementos y argumentos para que la Corte de Apelaciones, en un acto de justicia, devuelva a López a su casa, a su familia y a las calles del país que lo reclama”, el jurista negó que se cumplan los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para adoptar tal medida.

“No hay peligro de fuga porque él dijo que se iba a entregar a las autoridades y lo hizo. Él se presentó voluntariamente a los tribunales”, afirmó, al tiempo que agregó: “Tampoco hay riesgo de obstaculización de la justicia y para demostrarlo entregamos sus antecedentes, donde se ve como ha hecho frente a los 22 procesos judiciales y administrativos a los que ha sido sometido en estos años, lo cual demuestra su apego al sistema judicial”.

Sin pruebas y con vicios

Gutiérrez también informó que otro argumento que esgrimió al apelar la detención fue la irregularidad en la que incurrió la jueza Tovar el pasado día 19, al trasladar el juzgado hasta la cárcel de Ramo Verde.

“La jueza justificó la decisión diciendo que era para resguardar la seguridad de López, pero no presentó ningún informe de ningún organismo de seguridad que lo sustentara”, dijo, tras recordar que la competencia de la funcionaria se limita al Área Metropolitana de Caracas no abarca a todo el estado Miranda.

Asimismo el penalista indicó que, en el documento de 50 páginas, acusó al Ministerio Público de no describir correctamente los hechos que le imputa al también exprecandidato presidencial. “Se señaló a López de asociación para delinquir, pero no se precisó a qué organización criminal pertenece, desde cuándo, quiénes la integran y qué hechos criminales ha cometido”.

También le salió al paso a la imputación por incendio, indicando que “el edificio de la Fiscalía no fue incendiado y de las experticias realizadas se hallaron dos fragmentos de bombas molotov, de las cuales una nunca se prendió”.

Gutiérrez aseveró igualmente que en el expediente contra López no figura ninguna prueba que lo responsabilice de ser el planificador del ataque que sufrió el edificio desde donde despacha la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ni mucho menos con los dos asesinatos que ocurrieron en las cercanías (casos de Juan Montoya y de Bassil Dacosta).

“Sólo hay el señalamiento de un funcionario del Ministerio Público que dice que López amenazó con quemar a la Fiscalía, pero no se tomó en cuenta los testimonios de otros dos que no dicen nada de eso”, indicó el penalista.

La orden de captura contra el opositor la aprobó la jueza Tovar el mismo día de los hechos y horas después de que funcionarios como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo acusarán a él y a la diputada María Corina Machado de orquestarlos.