En el Día de Amor y la Amistad, el presidente Nicolás Maduro presentó un plan de paz y convivencia, con el que pretende sacar al país del ránking de los más violentos y peligrosos del mundo y “construir lo bueno y bonito”.
La iniciativa consta de diez medidas, muy similares a los de otros proyectos puestos en marcha por su antecesor Hugo Chávez, como desarmar a las bandas delictivas o transformar el terrible sistema carcelario, en el que el año pasado 500 reos fallecieron.
Sin embargo, la décima es realmente toda una novedad: “La creación de una brigada policial y militar especial para investigar, combatir y neutralizar a los grupos de paramilitares y del narcotráfico enviados desde Colombia para aumentar los índices delictivos”.
Tras revelar que este nuevo organismo estará integrado “por cuadros especiales” que se seleccionarán de los distintos organismos existentes, el mandatario anunció que será “secreto”, aunque actuará siguiendo una ley que dictará próximamente, gracias a los poderes especiales que le otorgó a finales del año pasado el Parlamento para legislar.
“Vamos a limpiar a nuestro país de grupos que han venido al país a matar, a sicariar”, soltó en un tono muy poco pacífico Maduro, quien sostuvo sus sospechas de que los altos índices de criminalidad del país son en buena parte inducidos.
“Hay organizaciones regalando droga para hacerlos dependientes y usarlos para fines inconfesables”, dijo sin aportar pruebas.
Asimismo, Maduro anunció que reformará leyes para promover la justicia de paz y hacer más eficaz el sistema de justicia. Además, puso al frente del equipo que revisará el marco legal vigente a su esposa, Cilia Flores, responsable de la última reforma que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ley que regula los procesos penales en el país y por la cual se eliminaron los jurados (especie de jurados) y le arrebató a las organizaciones de derechos humanos la facultad de representar a ciudadanos víctimas de abusos.
Denuncian violaciones
Pese a que la Constitución venezolana garantiza el derecho a la defensa en todo proceso penal o administrativo, a la mayoría de los 99 detenidos durante los incidentes ocurridos tras la marcha opositora del miércoles se les negó la posibilidad de ser representados en las primeras horas de su aprehensión.
La denuncia la formuló la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar. “No se les permitió hacer una llamada telefónica a sus padres o abogados para decir dónde estaban y cuando los localizaron los funcionarios que los custodiaban no les permitieron verlos, con lo cual se generó zozobra y comenzaron las versiones de desapariciones”, aseveró.
El jurista José Vicente Haro confirmó estos señalamientos. “Yo traté de ingresar a la sede de la policía científica para asesorar a algunos estudiantes detenidos y tratar de que liberaran a otros y allí vi cómo negaban el acceso a padres y abogados. Cuando me quejé por esto, amenazaron con arrestarme”, dijo.
Juan Francisco Alonso/Especial para El Comercio
