Texto originalmente publicado en 2010
La designación de Darío Vivas como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está lejos de ser una “curiosidad” revolucionaria. Su nueva posición indica que está comenzando la etapa definitiva para desmontar la estructura tradicional de Venezuela para sustituirla por el Estado Comunal; ergo terminar de aplicar la reforma constitucional del año 2007.
No tiene mucho sentido recordar que el “corazón” de aquella propuesta de reforma constitucional es hoy legal -pese al rechazo del electorado- por la aprobación de leyes que eliminan -o limitan severamente- a la descentralización, la iniciativa privada o la libre competencia, por citar solo tres de los ejemplos más representativos.
Si se revisa la prioridad legislativa de la Asamblea Nacional para el primer semestre de 2010 se puede concluir que en el mediano plazo se aprobarán normas que ratificarán que el Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, estudiantiles, etc.
Acto seguido, se ordenará -vía legal, como la mayoría de las decisiones del Ejecutivo Nacional- que el Poder Nacional, los estados y los municipios están en la obligación de culminar la descentralización y transferir a las comunidades organizadas, a los consejos comunales, a las comunas y otros entes del Poder Popular, los servicios que éstos gestionen.
Para concretar la creación del Estado Comunal se “legalizará” que la comunidad organizada tenga como máxima autoridad la asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Poder Popular. En este punto, podrá elegirse el nuevo parlamento comunal en un proceso que -infiero- debe ser de segundo grado, muy similar al celebrado para el I Congreso Ideológico del PSUV.
Aunque resulta obvio que este Parlamento Comunal no tendrá facultades legislativas -si somos estrictos en la aplicación de la Carta Magna- esta nueva estructura de poder controlará y decidirá sobre la mayoría de los aspectos del día a día de los venezolanos. Aspectos en los que se incluye la administración de la propiedad social -aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones- y de la propiedad colectiva -perteneciente a grupos sociales o personas para su aprovechamiento.
A las horas de ser designado vicepresidente del -moribundo- Parlamento Nacional, Vivas solicitó la colaboración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se inicie la construcción del padrón de votación comunal. En otras palabras, el proceso está en marcha y en él sólo están participando las personas identificadas con el Ejecutivo Nacional, grupo de ciudadanos que según las últimas encuestas sólo congrega a 30% de los venezolanos.
Recordemos que según la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada en el año 2007, el Presidente tendrá la facultad de crear ciudades comunales, provincias federales, ciudades federales, distritos funcionales y provincias federales. Según las disposiciones de la reforma constitucional las provincias federales se constituirán pudiendo agregar Estados y Municipios, y en estas zonas representativas de la nueva geometría del poder (Territorio Federal, Municipio Federal y la Ciudad Federal) el Presidente tendría facultad para designar a las autoridades respectivas.
Si se llega a concretar esta arquitectura de poder, los alcaldes y gobernadores -aunque pudiesen seguir existiendo por otro período- terminarán convirtiéndose en funcionarios prescindibles, al ig
ual que los diputados que sean elegidos el 26 de septiembre. ¿Estará preparada la oposición para “jugar” con estas nuevas reglas?
