ANÁLISIS POLÍTICO ELECTORAL

El chavismo quiere estatizar a la oposición

El chavismo quiere estatizar a la oposición

Aug 22, 2013

Después del “susto” electoral del 14 de abril el chavismo está dispuesto a evitar que la oposición vuelva a tener opciones de triunfo. Desafortunadamente la estrategia no se orienta a resolver la crisis heredada del “gobierno anterior”, ni a mejorar la gestión. La táctica es simple: evitar que cualquier persona u organización pueda hacer oposición.

Cíclicamente el chavismo -o los aliados circunstanciales- desempolvan la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El tema no es banal. Una inadecuada discusión sobre el financiamiento a la actividad política durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 condujo a la dinámica política al desastre actual.

Al día de hoy se desconoce cuánto dinero se gastó en las campañas electorales a partir del referendo revocatorio presidencial del año 2004. En otras palabras, en los últimos nueve años no se ha fiscalizado adecuadamente el origen de los recursos que se usan para realizar campaña.

De concretarse la “reciclada” propuesta de Patria Para Todos (se debatió en 1999, 2004, 2009 y 2010) el resultado será uno solo: control absoluto del Estado sobre quienes hacen política, especialmente de oposición. Visto desde otra perspectiva, el chavismo pretende “expropiar” a los partidos políticos y candidatos que le resultan incómodos.

De la propuesta de PPT es rescatarle que se intente enmendar el error que cometieron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente al eliminar el financiamiento público de las campañas. Lo criticable es el trasfondo, lo que persigue el chavismo con esta reforma.

La nueva postura del Gobierno sobre este tema se orienta a permitir que se financien las campañas -y la actividad política- con fondos del Estado para otorgarle indirectamente control absoluto sobre las actividades proselitistas, negando incluso el financiamiento privado. Ergo, cualquier partido que considere pertinente colocar publicidad para alertar -por ejemplo- de un inadecuado manejo en Pdval deberá esperar porque el Estado le apruebe recursos para hacerlo. Una situación similar ya sufren las ONG, no sólo con la Ley de Cooperación Internacional sino con la decisión del CNE de prohibirles actuar en el debate público que se genera durante una campaña electoral.

El artículo 3 de la engavetada propuesta de financiamiento establece que las organizaciones políticas “no podrán disponer para el desarrollo de sus campañas electorales de fondos distintos al financiamiento público”.

Incluso los recursos para garantizar el desarrollo de las actividades proselitistas no serán asignados directamente a los partidos políticos. El artículo 5 de la propuesta PPT establecía que la entrega de los fondos se realizará por intermedio del CNE, organismo que está en la obligación de crear y administrar un Fondo Electoral constituido por: 1) El aporte que destine la Ley de Presupuesto 2) El dinero proveniente de las multas electorales. 3) Las donaciones que se efectúen para las campañas. 4) Los reintegros que efectúen los partidos. 5) Los aportes privados destinados a este fondo.

Es obvio que en Venezuela se debe discutir sobre el financiamiento electoral. No obstante, lo más sensato -y sano- es optar, como lo hacen la mayoría de los países de la región, a un esquema mixto de financiamiento (publico-privado) en donde los fondos públicos se asignarían por cuotas -pequeñas- al total de partidos y el resto dependiendo de la votación del partido. Es obvio que para que este sistema funcione se necesita un sistema transparente y público de rendición de cuentas. ¿Tope de gastos? En muchos pises funciona, desafortunadamente establecer topes en Venezuela implicaría que un bloque político debería regirse por el límite aprobado y otro -el que tiene acceso a los recursos del Estado- podría invertir superando el límite establecido.

Básicamente el chavismo aspira a prohibir que los partidos y las ONG que los adversan puedan buscar recursos propios. Indirectamente quieren lograr que todos trabajen para el Gobierno o al menos que dependan del Estado, lo más parecido a estatizar a la oposición.

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