Reconoce sentir frustración al ver como se acerca el momento en el que se materializará la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, Venezuela saldrá de la Corte Interamericana, organismo que presidió, sin que haya la más mínima señal de rectificación de parte de las autoridades.

Sin embargo, el abogado Pedro Nikken no se desanima ante el cierre de esta vía, pues afirma que hay otras a las que pueden acudir los venezolanos que sientan que sus derechos fundamentales han sido violados; y por ello no duda en advertirle a las autoridades que las garantías fundamentales son como las ánimas: “Aparecen cuando uno menos se las espera”.

“Nos encontramos frente a un percance histórico y político, pero eso en nada disminuye la capacidad de seguir luchando para que cuando la dignidad humana sea ofendida por el Estado no quede impune”, suelta en conversación con El Universal.

-Cuando esta entrevista sea publicada restarán menos de 24 horas para que se materialice el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana. El Gobierno justifica la medida diciendo que esa instancia está parcializada y es controlada por Estados Unidos. ¿Usted la presidió, alguna vez recibió una llamada de Washington para decirle qué hacer?

-Absolutamente no. Eso es un discurso político que busca justificar lo que hay en el trasfondo de esta decisión. El trasfondo es que el Gobierno abomina la protección internacional de los Derechos Humanos. Bajo este régimen no se han ratificado convenciones de Derechos Humanos. Incluso el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que llegó a ser aprobado por la Asamblea Nacional, promulgado por el presidente Hugo Chávez y publicado en la Gaceta Oficial, no ha sido depositado (por ello no tiene valor), lo cual es completamente incomprensible viniendo de un Gobierno que dice proteger a los más pobres y buscar la igualdad.

El Gobierno actual desea tener un poder absoluto sobre sus ciudadanos, yo creo que si pudiera tener el control de vida o muerte sobre sus súbditos como lo tenían los reyes en las monarquías absolutas lo ejercería alborozado. Este Gobierno no admite ningún tipo de control. Ha ido minando todas las formas institucionales de control, como lo son los tribunales y la Defensoría del Pueblo, los cuales están a su servicio. Es inconcebible que en la DEM esté un ingeniero cuyas credenciales sean llevar los apellidos Chávez Frías (Argenis). Agréguese el hostigamiento de los medios de comunicación y contra las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

-¿La molestia de las autoridades con la Corte no tendrá que ver con que ella ha conocido y condenado al Estado por varios casos cometidos bajo este proceso?

-Eso tiene que ver con varias cosas. En primer lugar la Comisión Interamericana (instancia que decide qué caso termina en la Corte y cuál no) no actúa de oficio y si en el pasado no hubo denuncias no podía hacer nada. Otra, la época de la represión más dura, durante la época de la lucha armada, la Convención Americana aún no había sido aprobada ni había entrado en vigencia. Y, por último, cuando se hace política de Estado el despreciar sistemáticamente al que piensa distinto, atropellar y cooptar al Poder Judicial es cuando más se requiere la protección internacional. La protección internacional busca poner coto al ejercicio arbitrario del Estado.

-¿No es extraño que un Gobierno integrado por gente que dijo que fue perseguida o sentir perseguida por otros gobiernos ahora cierre el acceso a una instancia que ayuda a los perseguidos? ¿Los perseguidos del pasado son los perseguidores del presente?

-Esto moralmente no tiene ninguna lógica. Solo que ellos desde siempre han tenido la idea de que el poder es malo cuando lo ejercen otros, pero es magnifico cuando lo ejerzo yo y eso es partir de un doble estándar. Yo fui defensor de víctimas como los campesinos de El Amparo y de perseguidos como Manuel Quijada, recientemente fallecido, a quien se le siguió un juicio después del golpe del 27 de noviembre de 1992, y en esa época me llamaban golpista; y de guerrilleros colombianos, y ahora haciendo lo mismo me llaman igual.

-¿Osea el problema no es el abuso de poder, sino quién abusa?

-Sí, y en esto sin duda tiene que ver el concepto de política que tenía el fallecido presidente Hugo Chávez, quien era un teniente coronel de Infantería y ellos ocupan territorio. En cierta forma para este Gobierno, Venezuela es un territorio ocupado y todos quienes no somos incondicionales al régimen son tratados como enemigos en un territorio ocupado. Hay un apartheid político.

-El Gobierno dice que la Corte, y también la CIDH, está politizada, controlada por agentes externos y que viola la soberanía del país, pero cuando uno revisa la historia se encuentra que esos fueron los argumentos que dictadores como Jorge Videla (Argentina) o Alberto Fujimori (Perú) usaron para desentenderse de sus compromisos internacionales. ¿Esto no es muy de izquierda o sí?

-El despotismo y autoritarismo no son de izquierda ni de derecha, simplemente son despotismo y autoritarismo, y ellos que desprecian la dignidad humana. El tema no es si son de izquierda ni de derecha, sino el concepto que tienen del ser humano, de la democracia y del poder.

-¿Con esta decisión el Gobierno no da más motivos a quienes lo acusan de ser antidemocrático e incluso de dictatorial? 

-Es uno de los precios que está pagando el Gobierno con la denuncia de la Convención Americana. ¿Cómo juzga la comunidad internacional a un Estado que denuncia un tratado de Derechos Humanos? ¿Pensará el Gobierno seriamente que la comunidad internacional va a creer que la Corte Interamericana es un juguete del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando es reconocida internacionalmente y su jurisprudencia es citada en todos los ámbitos especializados? En el fondo el precio que paga el Gobierno es confirmar las sospechas que tienen muchos de que se trata de un Gobierno que tiene un embrión autocrático que cada día se desarrolla más.

El Gobierno se está haciendo un flaco servicio porque ni las víctimas van a dejar de tener protección y él solito seguirá sentándose en el banquillo de los acusados como violador de los Derechos Humanos. Al Gobierno le hace mucho más daño, en su imagen de violador de Derechos Humanos, denunciar la Convención que tener 10 o 12 condenas o incluso 20 juntas.

-¿No será que quienes dirigen al país en la actualidad se sienten que pueden hacer lo que quieren sin que haya consecuencias, visto que nadie en el continente ha dicho nada sobre esta medida? 

-Las autoridades deberían tener claro que no podrán escaparse de la protección internacional. Como no se escaparon Videla, Pinochet, los dictadores uruguayos ni Fujimori.

-¿El retiro de la Corte nos deja desprotegidos o hay otras instancias a las que se puede acudir?

-Por supuesto que hay otras instancias. La protección internacional de Derechos Humanos es una gran conquista de la humanidad que no ha hecho sino expandirse, crecer y fortalecerse. Llegó para quedarse y toda regresividad no sólo es ilegitima sino que imposible en la práctica, porque los Derechos Humanos entraron en la cultura política y jurídica de la humanidad. Si tratan de sacarlos por las puertas, entrarán por las ventanas. ¿Qué va a pasar? Las víctimas de violaciones a sus derechos civiles y políticos acudirán al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está en Ginebra (Suiza). Las víctimas de tortura irán al Comité contra la Tortura y también están las relatorías y grupos especiales sobre libertad de expresión, detenciones arbitrarias, etc.

-Esas instancias funcionan con mediana celeridad, ¿ porque hay la percepción de que en Naciones Unidas todo es más lento?

-Con mayor celeridad que el Sistema Interamericano con toda certeza. Yo nunca he entendido por qué las organizaciones de la sociedad civil no acuden con más frecuencia ante las instancias de Ginebra. Capaz es porque creen que es muy lejos, porque hay utilizar el inglés o el francés, y porque el Sistema Interamericano se ve más cercano, pero ellas responden.

Autor: Juan Francisco Alonso