La lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno nacional no convence a los venezolanos. Según un estudio de opinión pública encargado por el Sibci (Sistema Bolivariano de Información y Comunicación) la percepción de los ciudadanos no es favorable al momento de valorar las razones que motivan las recientes denuncias sobre ilícitos administrativos.
El estudio telefónico —realizado entre el 15 y 16 de julio— sugiere que 52,3% de los encuestados considera que las acusaciones de corrupción corresponden a “una estrategia del Gobierno para aparentar que lucha contra la corrupción”. Las denuncias son bien recibidas —por su motivación— por 37,8% de los encuestados. (ver infografía anexa)
Solo quienes se auto definen como chavistas consideran que las acusaciones demuestran la voluntad del Gobierno para combatir la corrupción. Del total de encuestados que piensan que las acusaciones solo persiguen castigar ilícitos 60,7% se auto definen como chavistas, 32,5% son independientes ya penas 4,9% opositores.
Según este estudio 29,71% de los ciudadanos se auto definen como chavistas, 22,29% como opositores y 44,86% se consideran independientes.
Por otra parte, la mitad de los encuestados considera que las acusaciones “no llegarán a ningún lado”, mientras 31% cree que provocaran “sentencias firmes” contra los responsables.
La mayoría de los encuestados quienes consideran que las denuncias no se concretarán son quienes se auto definen como independientes. Mayoritariamente solo el segmento de los encuestados pro-gobierno creen que habrá condenas. ¿Quién es el responsable de la corrupción?. El Gobierno nacional es responsabilizado (por opositores e independientes) en la mayoría de los casos, no obstante para el chavismo la culpa es exclusiva de los funcionarios públicos.
Las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro tampoco reciben el visto bueno. 55,7% de los encuestados considera que las acciones son poco o nada adecuadas. Si el análisis se realiza por auto definición política ocho de cada 10 ciudadanos pro-gobierno consideran que son medidas apropiadas. No obstante, entre opositores e independientes la percepción es distinta. Nueve de cada 10 adversarios al Gobierno consideran que no son pertinentes; opinión compartida por seis de cada 10 Ni-Ni.
