Texto originalmente publicado el 20 de marzo de 2010.
No hay que hacer más análisis. El chavismo se prepara para volver a desconocer un resultado electoral. Ya lo hizo en 2007. Aunque el Presidente-Comandante reconoció la derrota de su proyecto de Reforma Constitucional, en la práctica utiliza su mayoría en el Parlamento Nacional -instancia que fue elegida con 75% de abstención- para aprobar las leyes que desarrollan su proyecto político, sin importar que los venezolanos votaran en contra. Al día de hoy, la reforma que se negó en 2007 está en plena vigencia.
Una situación similar se puede presentar después de la elección parlamentaria del 26 de septiembre. En los últimos cinco años el chavismo -por aquel error histórico de la oposición de retirarse de las elecciones de 2005- se acostumbró a gobernar sin contrapeso institucional. Ahora, que la oposición -más por el desastre de gestión de Chávez, que por méritos propios- puede alcanzar equilibrar el Parlamento, se encienden las alarmas en el chavismo, acostumbrado a hacer y deshacer, a pagar y darse el vuelto.
¿La solución? Desconocer a la Asamblea Nacional como instancia natural para la redacción de las leyes, como contrapeso del Poder Ejecutivo, y como garante del comportamiento del resto de los poderes del Estado.
En la implementación de la reforma constitucional 2007 el chavismo se prepara para desmontar la estructura político-administrativa actual del Estado para sustituirla por un esquema en que sus adversarios políticos -aunque representen a la mitad del país- no tendrán acceso.
Con el inicio de la consulta pública sobre la Ley de Comunas, el acta de defunción de los municipios está firmada. No en vano, el documento redactado por la Comisión de Participación Ciudadana señala que “las comunas populares y socialistas están llamadas a convertirse en las nuevas unidades político-territoriales para la construcción del nuevo tejido social revolucionario” y especifica que éstas serán “la vanguardia en esta etapa de transición al socialismo venezolano cuyo objetivo principal es el gobierno comunitario”.
Paralelamente se adelantan los proyectos de Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, Ley de Contraloría Social, Ley de Propiedad Social, Ley Orgánica de Planificación Pública y Ley de Economía Popular.
Mientras el Parlamento prepara el desmontaje de la estructura político-administrativa del país -que insisto, fue negada en 2007- el CNE trabaja en el registro electoral comunal y el Presidente habla abiertamente del Parlamento Comunal e incluso advierte que ahora las leyes deberán ser redactadas por el pueblo. El problema con este concepto es que el pueblo que redactará las leyes será aquel que comulgue con el proyecto político de Chávez. Todos los demás serán ignorados. Seamos sinceros, cada día que pasa nos convertimos en un país en que los derechos ciudadanos están asociados directamente a lo sumiso que sea la persona ante Chávez, y aquellos que son más chavistas que Chávez.
El Parlamento Comunal será la culminación del proyecto de reforma constitucional de 2007. En este sentido, lo lógico es de suponer que los integrantes del Parlamento Comunal sean designados en votaciones de segundo grado. Me explico: Los integrantes de los Consejos Comunales elegirán a sus representantes ante las Comunas, y éstos a su vez, seleccionarán a los integrantes del Parlamento Comunal.
Según la Constitución, la redacción de las leyes le corresponde a la Asamblea Nacional, así que será interesante leer el argumento jurídico del TSJ para respaldar que a través del Parlamento Comunal se inicie la construcción de un Estado paralelo.
A partir del 26 de septiembre, el chavismo tiene casi 4 meses para llevar adelante este proceso. ¿Los ciudadanos que no comulgan con la revolución -si se suma opositores y Ni-Ni constituyen la mayoría del país- aceptarán que se vuelva a desconocer un resultado electoral para imponer un modelo político?
