¿La elección presidencial del 7 de octubre cumple con los estándares internacionales básicos? La ausencia de misiones técnicas de observación del Centro Carter, Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la presencia meramente política y testimonial de la Unasur confiere a la observación nacional un rol clave para avalar la transparencia y credibilidad de un proceso electoral que -a menos de 40 días- se vislumbra como un comicio cerrado, con dos bloques políticos muy parecidos en cuanto a su tamaño de opinión pública.
En un escenario cerrado es cuando más importancia cobra el apego a las estándares electorales internacionales básicos. Determinar si nuestro procesos electoral se apega a las buenas prácticas no solo requiere de observadores nacionales calificados sino de ciudadanos preparados e informados.
El equilibrio en la campaña electoral es uno de esos indicadores que debe ser analizados por los ciudadanos. Al hablar de la campaña electoral es importante recordar que el equilibrio -como fue recomendado en el pasado por las misiones de Observación Internacional de la Unión Europea- pasa porque el CNE otorgue una mayor prioridad a los mecanismos sancionadores de delitos y faltas electorales previstos en la ley y reflejados en las normas, de manera que en la medida de lo posible, se penalice y disuada de su comisión, antes del fin de la campaña electoral, a quienes incurren en ellos.
No obstante la verdadera garantía de que en Venezuela se realice una campaña equilibrada está en que se investigue y sancione, de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, ya sea voluntaria o inducida.
En su momento, la Unión Europea recomendó que “el ejercicio de los poderes sancionatorios con los que está facultado por ley el CNE actuaría en beneficio de la credibilidad y legitimidad del Poder Electoral”. Fortalecer la credibilidad del CNE permitirá fortalecer los resultados del 7 de octubre, así de simple.
Nada ayudaría más a la imagen del organismo comicial que sus recortes lograran -como se recomendó en los informes de observación internacional- suspender o controlar la publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estadal o local, y una más clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos electos durante el período de la campaña electoral.
Esta actuación acabaría con los riesgos de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de ciertas candidaturas.
La campaña es desigual, un candidato no se enfrenta a otro competidor, sino a todo el Estado. El tiempo de publicidad al aire es la mejor explicación. Mientras un candidato cuenta solo con tres minutos diarios de propaganda por canal de televisión, su adversario, el presidente de la República, dispone también de los tres minutos que permite el CNE y adicionalmente cuenta con 10 minutos de promoción institucional y responsabilidad social que los medios deben transmitir obligatoriamente, además del recurso de las cadenas de radio y televisión.
Durante la actual campaña el Presidente ha realizado 22 transmisiones oficiales que, en promedio, le han permitido hablarle al país durante 33 minutos diarios, durante cada día de la campaña. Evidentemente existe desequilibrio.
Quienes apoyan la reelección del Presidente argumentarán que estas cadenas se usan para contrarrestar el desequilibrio informativo de los medios privados, no obstante como se concluye en el monitoreo de medios del CNE, el desequilibrio solo se produce si se incluye en el análisis a los programas de opinión que se transmiten en radio y televisión.
Aunque el CNE considera a la observación internacional como “un proceso marcado por una fuerte concepción asimétrica, de tutelaje y de legitimación con base en los valores propios de quien observa”, consecuencia “de los procesos asociado a la descolonización que vivieron los países africanos y asiáticos a partir de los años sesenta”, como árbitro no perdería nada en volver a leer los informes de la Union Europea y verificar, no solo si la actual campaña electoral es equilibrada, sino el impacto del uso de recursos públicos y actividades oficiales para promocionar una candidatura.
Así como se analiza constantemente a los medios privados, es el momento que el árbitro también sintonice, por citar un ejemplo, el canal ANTV.
Ya es hora que se deje de justificar el uso incorrecto de las cadenas como respuesta al desequilibrio informativo. Si los medios privados incurren en violaciones a las normas deben ser sancionados, pero también se debe sancionar al Estado que abusa de su poder y recursos.
