Como un “exabrupto” y “una locura” que “viola la Constitución y tratados internacionales”. Así calificaron juristas y exjueces la propuesta del presidente Nicolás Maduro de implantar la figura de los jueces y fiscales “sin rostro”
“En una democracia el crimen se combate dentro del marco de la ley y respetando las garantías de los sospechosos”, afirmó el catedrático de Derechos Humanos, Héctor Faúndez, quien aseveró esta polémica figura, creada en Italia a mediados del siglo XX para resguardar a los funcionarios encargados de procesar a los mafiosos de posibles represalias, es contraria a la Constitución y pactos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El imputado tiene derecho a conocer no solo de qué se le acusa, sino quién lo acusa y quién lo va a juzgar”, afirmó el experto, quien recordó que estas garantías están reconocidas en el artículo 49 de la Constitución, donde se habla del debido proceso.
En similares términos se pronunció el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves, quien aseveró que “si la persona ignora quién lo acusa y quién lo va a juzgar entonces también ve disminuida su capacidad de ejercer el derecho a la defensa y se pone en entredicho lo del juicio justo, porque podría acusarlo o enjuiciarlo un enemigo, pero al no saber de quién se trata no podrá recursarlo. ¿Qué pasaría si a Walid Makled (acusado de narcotráfico) lo juzga un Juez amigo o si a un funcionario del Gobierno lo acusa un Fiscal abiertamente opositor? Obviamente ninguno tendría un proceso justo”.
Aprendiendo de los vecinos
Al momento de abrir el debate, el presidente Maduro recordó que en varios países de la región azotados por el terrorismo y el narcotráfico recurrieron a estas figuras para conseguir que los encargados de aplicar la ley corrieran el menor riesgo posible y no pudieran ser víctimas de intimidaciones ni chantajes.
Colombia y Perú fueron dos países latinoamericanos donde durante los años 80 y 90 los acusados no sabían el nombre del juez que lo iba a enjuiciar y al momento de estar ante él tampoco le veían la cara, pues utilizaban pasamontañas e incluso les distorsionaban la voz, para así garantizarle la seguridad a dichos funcionarios. Sin embargo, los expertos recordaron que en ambos países se cometieron abusos como detenciones arbitrarias y se condenó a personas que nada tenían que ver con los delitos que se les achacaban, los cuales fueron constatados por organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) objetó el uso de estas figuras, por considerar que violaban las garantías judiciales de los procesados y en 1999 la Corte con sede en San José (Costa Rica) ordenó a Perú a dejarla sin efecto alegando: “La circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean ‘sin rostro’, determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2006 revisó el caso del exgobernador colombiano Manuel Francisco Becerra, quien fue condenado por corrupción por un juez “sin rostro” y determinó que el proceso estuvo viciado, porque no pudo controvertir al principal testigo en su contra, ni contó con defensor en las etapas de instrucción.
Aunque este dictamen se produjo siete años después de que la Corte Constitucional derogara la Ley de Justicia Especializada, la cual creó esos tribunales, reabrió el debate sobre su eficacia y legitimidad.
En 2008 el anterior presidente mexicano, Felipe Calderón, planteó seguir los pasos de los países suramericanos para así reforzar su lucha contra el narcotráfico, la cual se ha cobrado más de 60 mil muertos y en la que muchos jueces y fiscales han sido secuestrados, amenazados e incluso asesinados. No obstante, ella no prosperó.
Al realizar su propuesta el mandatario reconoció que la misma tiene sus detractores hasta dentro de sus filas, debido a su dudosa constitucionalidad; y por ello aseveró que estas instituciones “con poderes especiales extraordinarios” serían temporales.
Sin embargo, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien es la garante de la legalidad y quien estaba junto al Jefe del Estado cuando formuló el planteamiento en la noche del miércoles en el Zulia, declaró: “No me parece descabellada la idea” y argumentó: “En el caso del Ministerio Público hemos perdido fiscales en el ejercicio de su trabajo, y que esto les brindaría, les reportaría una seguridad”.
Autor Juan Francisco Alonso / Diario El Universal / [email protected]
