Un grupo de 48 economistas elaboró un comunicado en el que alerta de la grave crisis económica que vive el país y destaca la urgencia de revisar las estrategias planteadas por el actual Gobierno.
En un documento titulado “Crisis cambiaria, petróleo y deterioro socioeconómico”, economistas como Sary Levy, Orlando Ochoa y Tamara Herrera, José Guerra, entre otros, señalan que “cualquier futura estrategia de rectificación y recuperación económica en Venezuela deberá concentrarse en atender con sensatez y sensibilidad social la causa de los desequilibrios económicos y no en realizar campañas mediáticas para mostrar parte de las consecuencias de las políticas erradas por varios años y señalar a presuntos culpables”.
Agregan que “desde el 2010 el acentuado deterioro de sectores productivos públicos y privados, las fallas del régimen de control de cambio y los manejos fiscales-monetarios distantes de la sensatez y las pautas de la Constitución, se han hecho sentir en la población”.
Los economistas explican que el consumidor, preocupado por la ausencia cíclica o permanente de algunos productos, compra una mayor cantidad de bienes, “pero tal hecho no puede verse como la causa del problema de las fallas de abastecimiento. Esto es una consecuencia y no una causa primaria del problema económico”.
Desviaciones
En el documento se explica que “es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica venezolana, ni tampoco existe un mínimo control gubernamental sobre la presión inflacionaria, ni han podido organizar un mercado cambiario funcional y estable. Las distorsiones inducidas en la asignación de recursos en las actividades económicas (entre ellas sobrefacturación y contrabando), asociadas un control cambiario con amplia corrupción y la caída de reservas internacionales del BCV, comenzaron a deteriorar aún más el panorama económico a partir de la segunda mitad del 2012”.
Dicen que “esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin respeto a límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica radical que justifica el fin revolucionario por encima de cualquier consideración en una democracia moderna”.
Los economistas indican que “un sector petrolero fuerte y en crecimiento, una política cambiaria adecuada y sostenible, conjuntamente con un sólido balance fiscal transparente (sin fondos públicos en divisas en el exterior para gasto extra-presupuestario discrecional) es compatible con una amplia política social contra la pobreza (…) Instituciones sólidas y respetadas, con políticas sanas, son condiciones esenciales para reducir la inflación y el endeudamiento, elevar el salario real y estimular el crecimiento de la producción nacional, para así alcanzar una estabilidad económica duradera”.
