“Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado” repasa algunos de los casos más
conocidos y otros de los más recientes sobre enfermedades de los Presidentes (particularmente
en América Latina) y el acceso a esta información por parte de la ciudadanía. El propósito es
ilustrar que la falta de información cuando un Jefe de Estado está enfermo trasciende el ámbito de
la esfera privada de quién la padece. El acceso a la información en poder del Estado es
considerado como un derecho humano, y en época donde la tecnología facilita la circulación de
información, es necesario reflexionar sobre hasta qué punto las enfermedades de quiénes están
en los cargos más altos que rigen los destinos de los países son una cuestión privada y, en
contrapartida, hasta qué punto la ciudadanía tiene el derecho a saber qué pasa con sus
presidentes en ejercicio.
Este trabajo fue elaborado por IDEA, con los aportes de Transparencia Venezuela, la Asociación
por los Derechos Civiles de Argentina y Transparencia Colombia, para la Alianza Regional por la
Libre Expresión e Información. El objetivo es describir, de manera ágil, el conflicto entre el derecho
a la privacidad, de índole primordialmente individual, y el derecho de acceso a la información, que
tiene una faz individual pero cuya índole es primordialmente social o colectiva. Desde una
perspectiva jurídica, el derecho de acceso a la información, particularmente cuando entra en
relación con temas tan delicados como la salud de un primer mandatario es, tal vez, la mejor
expresión de una nueva comunicación entre el Estado y los ciudadanos.
Ante la posibilidad de ponderar sobre hasta qué punto prima uno u otro, se hace evidente que no
podría sostenerse la posibilidad de que tengamos que saber sólo lo que los presidentes quieran
que sepamos; pues desde el momento en el que la salud de nuestros gobernantes puede tener
incidencia en nuestras vidas y en el manejo de la cosa pública, nace un derecho a saber cómo es
posible que evolucionen sus cuadros. Es un derecho a saber qué implicancias políticoinstitucionales
pueden avecinarse.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, conformada por 22 organizaciones de la
sociedad civil de 19 países de Latinoamérica que lideran la promoción y defensa de la libertad de
expresión y el acceso a la información pública en las Américas, trabaja desde una perspectiva de
defensa de la democracia y el valor de los derechos humanos, entendidos estos últimos en los
términos en que lo hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, así como las normas y convenciones asociadas a ellas;
reafirmando la convicción de que las libertades de expresión e información son esenciales para las
sociedades democráticas y para el cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser
desconocidos por los Estados y deben protegerse.

Secretaría Ejecutiva
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Karina Banfi