En Venezuela de cada 100 casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por policías y militares, solo tres terminan ante un juez. Así lo reconoció el Ministerio Público en 2010.

Estas cifras explican por qué muchas víctimas albergan como última esperanza que su caso sea conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el país se retira hoy, al hacerse efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ello, en el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) no dudaron en calificar de “criminal” la salida del juzgado internacional, porque ella “le cierra a las víctimas una de las pocas opciones de justicia que quedan”.

“Este Gobierno pasará a la historia como el que le quitó a la sociedad una de las escasas alternativas para obtener justicia (…) porque qué ha hecho la Corte sino dictar justicia”,

 afirmó la directora de la organización, Liliana Ortega, quien recordó: “La única condena que hay sobre El Caracazo lo emitió la Corte, ningún tribunal ha dictado una en casi 25 años”.

Para la activista la decisión es parte de una estrategia para silenciar a las víctimas y a las organizaciones que monitorean la situación de los Derechos Humanos, la cual comenzó en el ámbito interno con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) aprobada en 2012 por el fallecido presidente Hugo Chávez mediante la Ley Habilitante.

“En la reforma se nos arrebató a las organizaciones dos facultades fundamentales para el apoyo a las víctimas: La de representación ante los tribunales y la de poder presentar querellas contra funcionarios policiales y militares incursos en abusos”, afirmó, al tiempo que denunció: “Se nos ha ido apartando con la idea de que al dejar solas a las víctimas ellas se debilitan y no denuncian, pero eso no es cierto. La voz de las víctimas seguirá siendo nítida, porque la dignidad de Venezuela seguirá siendo nítida”.

De San José a Ginebra 

Ortega aseveró que el Gobierno parece querer fortalecer la impunidad, pues “todas las condiciones legales y jurisprudenciales se han creado para que no haya posibilidad de justicia internamente y ahora también cierra una de las opciones para buscar justicia internacionalmente”.

No obstante, la directora de Cofavic auguró que esta estrategia no resultará, porque “los Derechos Humanos son como el agua, por cualquier rendija se meten” y por ello anunció que los activistas continuarán con su labor ante la Comisión Interamericana, a la cual Venezuela sigue sometida por ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA); y además prepararán para acudir ante las Naciones Unidas.

“Esto es un alto en el camino. Es un golpe que no hay que desmeritarlo. Es un golpe a las víctimas, pero sin duda quienes defendemos los Derechos Humanos sabemos que esto es un camino de largo aliento. Vamos a continuar denunciando casos de Derechos Humanos, ocurran cuando ocurran. Cofavic fue una de las voces que con mayor claridad condenó el golpe del 11 de abril de 2002 desde la Disip, mientras otros estaban buscando asilo en las embajadas. Lo mismo hicimos con el Caracazo y lo hicimos con (Carlos Andrés) Pérez en Miraflores. Vamos a seguir recopilando información, documentando casos y llevando casos”, dijo, al tiempo que soltó: “La discusión se trasladará desde San José de Costa Rica (donde tiene la sede la Corte Interamericana) hacia Ginebra (donde está el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y otras instancias)”.

Como Pinochet 

Pese a que las autoridades se califican como de izquierda, para la activista su decisión de denunciar la Convención pone en entredicho esto y por ello recordó: “No fue (el dictador español Francisco) Franco quien levantó las banderas de los Derechos Humanos, no fueron tampoco (el expresidente colombiano Álvaro) Uribe ni (el exdictador chileno Augusto) Pinochet quienes lo hicieron”.

Por último, aseveró que el Gobierno dio más herramientas a quienes lo tildan internacionalmente de autoritario. “Pareciera el Gobierno que estuviera asesorado por sus más enconados adversarios, porque con esto lo que hace es hacer saltar todas las alarmas en materia de Derechos Humanos”.

Autor: Juan Francisco Alonso.