Entrevista concedida a La Capital de Argentina
En medio de las protestas cotidianas, que ayer sumaron al menos 34 muertos desde inicios de abril, y la jugada de Nicolás Maduro con su convocatoria a una asamblea constituyente de tipo corporativo, el periodista Eugenio Martínez, especializado en procesos electorales, se hizo un tiempo para conversar con La Capital y analizar la compleja y dramática crisis que atraviesa su país.
—¿Cúal es tu primer análisis de la jugada de Maduro de convocar a esta constituyente tan especial?
—Maduro, su gobierno y su círculo cercano se preparan para un conflicto largo, porque entienden que la oposición no tiene capacidad de sostenerse en las calles. El chavismo está haciendo uso de todas las cartas políticas que tiene para lograr la reforma constitucional, algo que buscaba desde 2007 (Nota: en diciembre de ese año una reforma constitucional impulsada por Chávez fue derrotada en las urnas). La idea es llevar al país a un sistema de elecciones de segundo y tercer grado, muy similar al soviético. Comunas que eligen a parlamentos regionales, que a su vez eligen a uno nacional y este termina seleccionando a un jefe de Estado. El chavismo aprovecha esta crisis pensando que la oposición no podrá mantenerse en la calle y suelta la carta de la reforma constitucional, que es su última estrategia para instaurar un régimen del que, de lograrse, sería imposible salirse.
—Ahora, el sistema vigente es el del 99, que diseñó Chávez en la Constitución de ese año, y que ya en 2007 quiso reformar.
—Es que el voto universal y secreto le funcionó al chavismo mientras fue popular. Ahora se va a una sistema electoral que responda a la nueva realidad del chavismo, que es un apoyo del 20 al 25 por ciento de la poblacion, según la última encuesta deDatanálisis (una reconocida consultora). Lo que está anunciando Maduro es una oposición condenada a tener un tercio de los escaños. Maduro habla de 500 constituyentes y no se explica de dónde sale ese número, la última constituyente del 99 tuvo 131. La mitad de esos 500 serán elegidos por sindicatos y otras organizaciones sociales, pero siempre que san reconocidas por el chavismo O sea: un sindicato que no esté reconocido por el Ministerio de Trabajo no se podrá postular. Hoy todos los sindicatos reconocidos son afines al proyecto bolivariano. Un ejemplo: el sindicato nacional de la prensa no está reconocido por el Ministerio de Trabajo. En esa mitad de constituyentes la oposición no tiene forma de participar. Se los garantiza el chavismo. Los otros 250 propone elegirlos por un índice poblacional. Pero entonces tendrás un municipio de 400 mil habitantes de marcada tendencia opositora que elegirá un constituyente y otro de 10 mil, oficialista, que elegirá también otro constituyente. Fuera de toda proporción, en suma. No hay forma que la oposición pueda ganar esa Constituyente.
—¿Cómo cuadra el “Poder popular” en este diseño? El chavismo lo planteó luego de la derrota electoral de diciembre de 2015.
—Del poder popular se viene hablando desde 2007, porque era la propuesta de Chávez en su reforma. Aunque se rechazó en el referendo, el chavismo luego aprobó leyes que le dan cierta legalidad al “poder popular”. Son los consejos comunales, las comunas, los colectivos. Ahora se le quiere dar rango constitucional a esas estructuras que se manejan por afinidad ideológica y clientelismo. Un consejo comunal que no es afín al chavismo no es reconocido por el consejo de comunas. Y de acá saldrá una parte importante de constituyentes. Quien vaya a elegir a los constituyentes será siempre afín a Maduro. No hay encuesta hoy en Venezuela que diga que Maduro o el chavismo pueden ganar una elección tradicional. Por eso esto está pensado abiertamente para que el chavismo gane.
—Ahora, será manifiesto que el proceso no tiene validez,va a tener muy baja credibilidad entre la población. ¿De qué le sirve a Maduro?
—Le sirve para darle cariz de legalidad a sus decisiones. Sus pares ideológicos en la región tendrán una excusa para decir que el régimen sigue actuando conforme a la legalidad. El chavismo utiliza las herramientas del sistema democrático para destruir a la democracia, que es lo que ha venido haciendo desde hace una década. En este punto de la crisis ninguno de los dos bloques tiene la fortaleza para anular al otro. Y aún no hemos llegado al punto de que haya un gran desastre nacional que obligue a los dos sentarse a negociar, según la perspectiva de las bancas de inversión que informan sobre la situación venezolana.
—La aguda crisis económica es otra particularidad venezolana. Aguanta el chavismo altos niveles de crisis económica. porque no es una democracia cabal. Crisis mucho más leves han terminado con gobiernos democráticos.
—Claro, por esto si hoy el chavismo fuera a elecciones normales las perdería ampliamente. La crisis lo condena a perder. Pero no harán una elecciones en condiciones normales.
—Desde que perdieron las parlamentarias en diciembre de 2015 no hubo más elecciones en Venezuela.
—Así es. De hecho, esas parlamentarias del 2015 hicieron que el chavismo se dividiera en dos: los que consideran que hay que seguir en el proceso tradicional y los que proponían este sistema de elecciones de 2º y 3º grado.
—La fiscal general Ortega Díaz entonces representaría a ese sector del chavismo. ¿Pero cuánto peso interno tiene?
—Puede representar un sector institucional del chavismo que ha marcado distancias y representar a un sector económico que ha crecido con el chavismo, hay grupos económicos que han crecido y que necesitan que el país tenga estabilidad para darle sustento a sus negocios. También hay grupos político-económicos buscando la gobernabilidad, bien sea con Maduro o en un proceso de transición. Casi toda la banca de inversión coincide en que la oposición no puede garantizar gobernabilidad ella sola, que se necesita a la oposición y a un sector del chavismo para lograr esa gobernabilidad. En 2013, cuando ganó Maduro, Lula da Silva le planteó que haga un gobierno de coalición con la oposición, pero tanto la oposición como el chavismo lo rechazaron. Hoy sigue descartada esa tesis. Habría que ver si el deterioro económico y social obligan a negociar. El problema es que el chavismo no es un gobierno tradicionalmente democrático que buscaría el apoyo de la oposición para salir de la crisis.
—El rol de la comunidad internacional ha cambiado mucho, pero la OEA tiene peso limitado, no puede aplicar sanciones como la ONU.
—Este último mes de protestas, de no ser por la comunidad internacional, no hubiese sido diferente a las protestas de los últimos dos años. Lo que ha cambiado el tablero es la comunidad internacional, la situación interna no es muy distinta. En 2014, en el primer debate en la OEA, sólo tres países votaron contra Maduro, y en la última votación fueron 19. La OEA lo más que puede hacer es suspender la membresía y bloquear el acceso al BID, pero no tenemos préstamos del BID. Lo que sí ha dolido al chavismo es que los diputados opositores han salido a advertir en el exterior que todos los acuerdos que no se aprueben por el Legislativo no serán reconocidos por un futuro gobierno, y eso ha cerrado las fuentes de financiamiento del chavismo en un momento en que se ha perdido la renta petrolera.
— En 2014 la oposición se divide y una parte lanza “La Salida” ¿Como está hoy la coalición opositora?
—“La Salida” fue de un sector muy específico de la oposición. Fueron acciones no acompañadas por el resto. Hoy es todo lo contrario, mas allá de las diferencias discursivas que pueda haber en una coalición tan variopinta como la MUD. Hoy hay unidad en las decisiones que se están tomando. Habrá que ver si se mantiene esa unidad si el conflicto se alarga. Subrayo que el concurso de la comunidad internacional es vital. Más allá de la OEA, las acciones de cada Estado individual de la región pueden definir si Venezuela cambia de un sistema meramente autoritario a una dictadura en sentido estricto.
