Cualquier calle de Venezuela es el mejor ejemplo de la poca atención que los partidos políticos, candidatos y el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgan al arículo 208 del Reglamento Electoral de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

Según el artículo 208 del referido Reglamento Electoral “los candidatos, organizaciones con fines políticos, grupos de electores, así como las comunidades u organizaciones indígenas deberán retirar sus carteles, dibujos, anuncios u otros medios de propaganda electoral que afecten el ornato de la ciudad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la misma; todo ello sin menoscabo de las competencias que sobre la materia corresponden a las alcaldías al concluir el evento electoral”.

El propio reglamente en su artículo 239 indica quienes incumplan esta regulación serán sancionados con multa de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a setecientas Unidades Tributarias (700 U.T.) o arresto proporcional, a razón de un día

de arresto por Unidad Tributaria.

Actualmente una Unidad Tributaria equivale a Bs. 150, lo que significa que la multa para candidatos y partidos que no retiren la propaganda que afecte el ornato de la ciudad deberán recibir una multa entre Bs. 75.000 y Bs. 105.000.

Esta normativa fue flexibilizada hace seis años cuando la mayoría de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) derogaron la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Esta norma, en su artículo 211 indicaba que los partidos políticos, candidatos y grupos de electores disponían de un plazo de 10 días “improrrogable” a partir de la fecha en que se celebraran las elecciones para retirar su propaganda de las calles de la ciudad.

La actual disposición que obliga a partidos, candidatos y grupos de electorales a retirar antes del 3 de enero su propaganda electoral incluye retornar a su estado original las fachadas y muros que fueron intervenidas para pintar murales, etc.

También se incluyen las vallas colocadas en la vía pública así como carteles y similares utilizados para intentar ganar el apoyo popular en las urnas.

No obstante, hasta la fecha no existe precedente público conocido de que los rectores del CNE decidieran multar a quienes no retiren su propaganda electoral.