El 17 de junio comenzó el proceso de descarga de la información electoral y los datos de autenticación de los electores almacenados en las memorias de las 39 mil máquinas de votación que se utilizaron en la elección presidencial del 14 de abril.

Si existió algún tipo de usurpación de identidad –de electores vivos o fallecidos– o voto múltiple la data que el CNE comenzó a descargar podrá precisarlo. No obstante, este no es un proceso sencillo. Previo al inicio formal de esta actividad la oposición reclamó contra con testigos que evaluaron este proceso y el CNE se negó inicialmente.

El director de informática del organismo comicial Carlos Quintero –quien es mencionado por algunas fuentes del PSUV como candidato a rector electoral– aspiraba a que la oposición acudiese solo al final de cada jornada de trabajo para firmar las actas del proceso, previa colocación del hash a los datos procesados.

Finalmente el CNE acordó permitir la presencia de testigos de la oposición durante todo el proceso de descarga de la información (incluida la verificación del software que se usa para esta tarea).

Este proceso durará, aproximadamente, cuatro semanas. Cuando finalice la descarga de la información electoral y de autenticación de los votantes podría comenzar la auditoría de no duplicidad de huellas.

Esta auditoría, junto al reporte de incidencias del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) que el CNE tiene en su poder desde el pasado 14 de abril, es la única información que podría desmentir las acusaciones realizadas por Henrique Capriles Radonski, o por el contrario darle la razón.

¿No sirvió de nada entonces la Verificación Ciudadana Ampliada Fase II que realizó el CNE en las últimas cuatro semanas? La auditoría realizada por el organismo comicial –en la que no participó la oposición– sirvió para demostrar que no existe fraude electrónico y que el sistema automatizado de votación funcionó como se esperaba (y como lo habían demostrado las auditorías previas).

En otras palabras, se verificó que el sistema automatizado contó bien 15.056.716 votos y que no existen salas de totalización virtuales que modifican los resultados o que las máquinas de votación manipulan los resultados.

No obstante, la oposición reclama saber si el 14 de abril votaron 15.056.716 personas. Para aclarar esta duda se necesita analizar el reporte de incidencias del SAI y realizar la auditoría de no duplicidad de huellas.

Según explican los técnicos de la Junta Nacional Electoral la auditoría de no duplicidad de huellas podría comenzar una vez que culmine la descarga de información de las 39 mil máquinas. Una vez que se acuerde realizarla, el proceso de contrastar que no existen huellas duplicadas podría demorarse hasta 57 días.

En total 12 semanas para poder tener suficientes datos que permitan a la oposición respaldar sus denuncias de fraude o para que el CNE tenga elementos suficientes para desmentir a Capriles Radonski.

No se debe olvidar que en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia aún se encuentra la impugnación contra 5.729 mesas de votación en las que se emitieron 2.320.672 sufragios; 1.431.535 votos para Nicolás Maduro y 869.525 sufragios para Capriles Radonski. No obstante, en los casos concretos de usurpación de identidad la oposición cuestionó los resultados en 387 centros de votación en donde Maduro obtiene 361.743 votos, mientras Capriles Radonski capitaliza 230.775 votos (diferencia de 130.968 votos para Maduro).

La única forma de desmentir que se usurpó la identidad de estos ciudadanos es realizando la auditoría de no duplicidad de huellas, analizar el reporte de incidencias del SAI y revisar en detalle los cuadernos de votación. Mientras esto no ocurra, un sector del país tendrá una duda razonable sobre los resultados del 14 de abril.