Un grupo de académicos y ex funcionarios del gobierno venezolano solicitó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro que el organismo hemisférico “dentro de los límites que el derecho internacional impone, continúe alerta sobre la situación” en el país y se mantenga vigilante al desarrollo de la campaña electoral del 6D.
A través de una misiva, se le explica al Secretario General de la OEA la necesidad de contribuir “desde ahora, a garantizar mayores niveles de transparencia e imparcialidad en todo el proceso conducente a las venideras elecciones”.
El grupo de firmantes, conformado por el ex Fiscal General de la República Javier Elechiguerra, el ex ministro de Planificación Felipe Pérez Martí y los académicos Luis Lander, Arnaldo Esté, Luis Fuenmayor Toro, Alberto Jordán Hernández y Margarita López Maya, entre otros, sostiene que la OEA debe continuar atenta “para sugerir, proponer o presionar, en aras de garantizar que estas venideras elecciones en Venezuela, sean desde ya instrumentadas y procesadas transparentemente y con equidad”.
El grupo de firmantes argumenta que el sistema electoral venezolano, “aun con su sofisticada plataforma tecnológica diseñada para la trasparencia, ha ido crecientemente constituyéndose para el ciudadano común en una caja negra de las que sólo conoce la entrada y la salida, pero desconoce los aspectos medulares de su proceso interno. Altamente computarizado, su confiabilidad se debe presumir a partir de la supuesta invulnerabilidad técnico-operativa de sus sistemas y equipos. Los resultados de auditorías técnicas circunstanciales, hechas con participación de técnicos independientes y de la oposición, han sido muy poco difundidos oficialmente y no han ampliado la confianza en el sistema”.
Por otra parte sostienen que “en sus fases y niveles medulares el CNE ha sido también crecientemente partidizado, alejándolo del ideal de independencia, transparencia y profesionalismo. Para la última renovación parcial de rectores hubo la frustrada expectativa de que, siguiendo lo establecido en la Constitución, la nueva directiva del CNE fuera designada por consenso, resultando con una composición más plural, ganando con ello mayores grados de confiabilidad. Por el contrario, la forma, para nosotros inconstitucional, como el PSUV manejó ese proceso, resultó en la renovación de casi la misma directiva, concitando aún mayores niveles de desconfianza”.
Alertan a la OEA que el “sistema electoral venezolano tiene poca transparencia. Aparte de la ausencia inconstitucional de proporcionalidad electoral, es crecientemente visto por buena parte del electorado como un sistema manejado principalmente por funcionarios activistas del partido del gobierno, minando la confianza en la veracidad y exactitud de los resultados emitidos. Y el CNE poco hace para revertir esa percepción. Por el contrario, sus actuaciones recientes tienden a reforzarla. Como ya mencionamos, la forma en que en el mes de diciembre pasado fue renovada parcialmente su directiva dio pie a mayores desconfianzas. La demora en anunciar la fecha para las elecciones parlamentarias, así como su cronograma específico, generó innecesarias incertidumbres. La misma indefinición de las circunscripciones electorales fue otra determinante fuente de desconfianzas. Las proyecciones poblacionales, que deberían pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional como un mero trámite formal, al suponerse resultado de un proceso técnico convencional, en esta ocasión, sin siquiera abrirse formalmente el debate, fueron aprobadas sólo con el voto de la mayoría oficialista”.
Además indican que la “no convocatoria de las elecciones de los diputados al Parlasur, que debería ser efectuada obligatoriamente este año; la eliminación de la votación directa, universal y secreta, para elegir los diputados al Parlatino, que se venía realizando desde el año 2000; así como la inacción ante el ventajismo propagandístico e informativo gubernamental y el claro uso de recursos estatales en la campaña del PSUV, constituyen elementos adicionales de desconfianza hacia el máximo órgano electoral del país”.
También la UNASUR
Una misiva similar fue enviada a la UNASUR. En la carta, se le explica al secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, que previsiblemente, a esta instancia hemisférica se le “volverá a plantear la necesidad de pronunciarse sobre las elecciones del 6 de diciembre y sus resultados. Un proceso que, sin ser presidencial, tendrá una importante incidencia sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y el reconocimiento y legitimidad de los resultados de esas venideras elecciones, la estabilidad política que a ellas suceda, estará determinada por la transparencia, o carencia de ella, de la autoridad electoral y del proceso electoral en su conjunto”.
Según los firmantes, la misiva tiene “el propósito de solicitarle con el mayor respeto, que habiéndose UNASUR (…) involucrado anteriormente en apoyos al gobierno del presidente Maduro y acompañamientos electorales, vayan ahora, más allá. Para garantizarse la UNASUR en su conjunto, que su eventual futura posición tenga un soporte más sólido, le pedimos que contribuya activamente, desde ahora, a garantizar mayores niveles de transparencia e imparcialidad en todo el proceso conducente a las venideras elecciones. Lo llamamos a estar desde ahora atentos para sugerir, proponer o presionar, en aras de garantizar que estas venideras elecciones en Venezuela, sean desde ya instrumentadas y procesadas transparentemente y con equidad”.
