En apenas dos semanas los diputados de la Asamblea Nacional -elegidos en 2005 con una abstención de 75%- aprobaron el corazón de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en el año 2007. Ante el desconocimiento de la voluntad popular no pocas voces han planteado la figura de los referendos abrogatorios como el método para recobrar la institucionalidad. 
Desafortunadamente el referendo abrogatorio -tal y como está previsto en nuestra Constitución- es un derecho absurdo que sólo consumiría tiempo y recursos, pero no otorgaría resultados concretos. 
Dice el artículo 74 de la Carta Magna: “Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del 10% de los inscritos en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros (…) También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del 5% de los electores inscritos o inscritas en el registro civil y electoral”. 
Obviando el temor que aún genera la “Lista Tascón”, y el trámite burocrático que implica pedirle al CNE que defina el método de recolección de las firmas que avalen las convocatorias a referendos abrogatorios, parece muy sencillo para la oposición recolectar “manifestaciones de voluntad” que equivalgan a 10% de los electores. 
Al día de hoy están inscritos para votar 17.661.559 personas, es decir que la oposición apenas necesita de 1.766.155 firmas para activar las consultas populares. Tomando en consideración que el 26 de septiembre los adversarios del presidente Chávez capitalizaron en conjunto 5.835.218 votos, este trámite no reviste ningún tipo de problema. 
No obstante, el artículo 74 de la Constitución también establece: “(…) Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia del 40% de los electores y inscrito en el registro civil y electoral”. 
Es decir, a diferencia del resto de procesos electorales de Venezuela, el referendo abrogatorio tiene quórum de participación, y para que su resultado sea vinculante es necesario que acudan a votar, al menos, 7.064.623 personas. Si el chavismo percibe que el referendo abrogatorio es un peligro, puede decidir no movilizar a sus electores, llamando indirectamente a la abstención, o boicoteando la movilización de votantes el día del referendo podrá romper el quórum de participación haciendo inválida la consulta popular. 
Las trabas de esta iniciativa no terminan ahí. El artículo 74 también establece: “No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales”. 
Si el Presidente termina promulgando la nueva Ley de Universidades -al momento de escribir estas líneas aún no lo hace- una de las leyes del paquetazo que genera la mayor movilización social no podría incluirse entre los instrumentos que podrían ser abrogados. 
Esto implica que, interpretación interesada por parte de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, ninguna de las leyes del paquetazo de diciembre podrían someterse a consulta popular. 
Incluso, el artículo 74 aclara: “No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia”. 
No obstante, no queda claro si una ley abrogada puede ser aprobada después del abrogatorio -vía Asamblea Nacional o a través de la Habilitante- con sutiles cambios de forma. Lo que si está claro es que no podría volverse a convocar otro abrogatorio. 
Visto el panorama desde esta perspectiva pareciera que el escenario del año 2011 de la oposición no se encuentra dentro de la Asamblea Nacional y mucho menos en convocatorias de referendos abrogratorios. 
Es indispensable que la oposición articule -organizadamente- la movilización social, entendiendo a ésta como la capacidad de la sociedad de dar respuesta al desconocimiento de los resultados electorales del año 2007. No obstante, para que esto ocurra es necesario que el ciudadano común y corriente interiorice -como ocurrió antes del referendo- el impacto que tendrá en su vida y en su relación con el Estado la aprobación del paquetazo legal del mes de diciembre. 
De entrada habría que explicar que en conjunto las leyes no sólo desconocen la voluntad popular sino que están pensadas para hacer casi imposible la aparición de voces críticas a la gestión de gobierno. No se debe olvidar que sospechosamente se elimina para la elección de juntas parroquiales el voto directo, sustituyéndolo por elecciones de segundo grado. Ante este escenario es irresponsable no preguntarse si el fin último de Hugo Chávez y de quienes lo acompañan en el poder es llegar al escenario de 2012 con elecciones en segundo grado, que partan de la base de los 20 mil consejos comunales que son reconocidos por Fundacomunal. 
Si se logra que la ciudadanía entienda el impacto del paquetazo legal de diciembre, entonces si se podría pensar en un escenario de consulta popular, no de abrogatorios por las razones ya expuestas, pero si de una Enmienda. 
Según el artículo 341 de la Constitución las enmiendas a la constitución podrían tramitarse por iniciativa del 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral o por el 30% de los diputados de la Asamblea Nacional, además el CNE está en la obligación de convocar -no realizar- la consulta en un lapso de 30 días. En este escenario no se requiere de quórum de participación, simplemente gana la opción que obtenga más votos y vistos los resultados del 26 de septiembre de 2010 este es el escenario que genera más temor al chavismo. 

P.D. 1 Aunque muchos pueden creen que el Presidente salió derrotado al vetar la promulgación de la Ley de Universidades lo cierto es que una ley no cambia en nada el paquetazo de diciembre. Toda la reforma constitucional de 2007 está vigente y ahora sin la Ley de Universidades la oposición pierde la movilización social del sector más organizado que tiene: los estudiantes. 
P.D. 2 A pesar de las circunstancias Feliz Día de Reyes. Ojalá Los Reyes nos dejen a los venezolanos algo más que carbón.